La Presidencia de la República envió al Congreso una iniciativa para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asuma formalmente la medición de la pobreza y la evaluación de los programas de desarrollo social, funciones que actualmente desempeñaba el extinto Coneval.
La propuesta, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, busca modificar tres leyes: la General de Desarrollo Social, la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la General de Contabilidad Gubernamental.
Con ello, se pretende consolidar funciones bajo un solo órgano autónomo para evitar duplicidad de tareas y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos.
El documento enfatiza que el INEGI cuenta con autonomía constitucional y capacidades técnicas suficientes para asumir estas labores sin comprometer la calidad de su trabajo.
También se plantea otorgarle facultades para emitir recomendaciones, coordinarse con los tres órdenes de gobierno y cumplir con lo establecido en la reforma constitucional sobre Simplificación Orgánica.
