La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes a favor del gobierno del expresidente Donald Trump, permitiéndole reanudar la deportación de migrantes a terceros países sin brindarles la posibilidad de argumentar los riesgos que enfrentarían. La decisión, tomada por una mayoría conservadora de 6 a 3, representa un respaldo clave a la política migratoria de línea dura impulsada por la administración republicana, centrada en acelerar las deportaciones masivas.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró el fallo afirmando que el gobierno “ahora puede ejercer su autoridad legal” para enviar a los migrantes indocumentados a cualquier país dispuesto a recibirlos, incluso si no es su lugar de origen. La funcionaria fue enfática al declarar: “¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”, al tiempo que los defensores de derechos humanos expresaban su preocupación por la falta de garantías procesales.
El fallo del Supremo anuló una orden previa del juez Brian Murphy, de Boston, quien había exigido al gobierno garantizar una “oportunidad significativa” para que los migrantes pudieran argumentar los riesgos de tortura o persecución en el país de destino. Murphy se había opuesto a deportaciones hacia Sudán del Sur, advirtiendo sobre la situación de violencia, secuestros y conflicto armado en ese país, donde el Departamento de Estado recomienda no viajar.
En una opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por los otros dos magistrados liberales, calificó la decisión de la Corte como un “abuso flagrante” del poder judicial. “El tribunal parece considerar más aceptable que miles de personas sufran violencia en lugares remotos que el riesgo de una extralimitación judicial”, escribió la magistrada, cuestionando la falta de humanidad en el fallo.
El caso de Sudán del Sur se suma a una serie de choques entre la Casa Blanca y el poder judicial por las políticas migratorias del gobierno Trump. Además de buscar acuerdos con países como El Salvador para recibir migrantes a cambio de incentivos financieros, la administración ha sido criticada por mantener a deportados en condiciones deplorables, incomunicados y sin acceso a representación legal. El fallo del Supremo refuerza una estrategia de deportaciones cada vez más agresiva y polémica.
