Fue presentada una reforma laboral que busca incorporar a trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y conductores de apps como Uber, DiDi y Rappi, a un sistema de seguridad social. La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, propone crear un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de “dignificar” su labor. Sin embargo, detrás de esta intención hay costos ocultos que podrían afectar no solo a los trabajadores, sino también a las plataformas, los usuarios, otras industrias e incluso al desarrollo de la economía digital.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la figura de “subordinación discontinua”, que, lejos de preservar la flexibilidad que caracteriza a este tipo de empleo, limita la libertad de los trabajadores para elegir cuándo y cómo trabajar. La formalización de una relación laboral rígida podría provocar que muchos de los 658 mil trabajadores en apps —que en su mayoría laboran menos de cuatro horas al día para complementar sus ingresos— abandonen este modelo de trabajo al perder la autonomía que les resulta esencial.
Además, al obligar a las plataformas a ofrecer prestaciones como seguridad social, los costos operativos aumentarán, lo que se traducirá en tarifas más altas para los usuarios. Esta situación podría hacer inviable el funcionamiento de estas plataformas en ciudades con baja demanda, provocando despidos y el cierre de operaciones, como ya ocurrió en España con la Ley Rider. Aunque buscaba proteger a los repartidores, dicha ley terminó reduciendo sus ingresos y su flexibilidad.
Otro punto problemático de la reforma es su enfoque limitado. No considera la diversidad de modelos dentro de la economía colaborativa, como los flotilleros en apps de movilidad o los repartidores que ya cotizan al IMSS de forma voluntaria. Tampoco contempla que los conductores suelen trabajar con varias plataformas, lo que contradice la noción de un único patrón. Además, asumir que la regulación laboral tradicional puede aplicarse a un modelo basado en algoritmos e innovación constante, representa un riesgo para la adaptabilidad y eficiencia del sector.
Finalmente, la iniciativa parece responder más a un objetivo político que a una solución estructural. En lugar de forzar una relación laboral, lo que se necesita es un esquema de seguridad social universal, no vinculado a un contrato laboral formal. El Estado debería garantizar acceso a salud y retiro a todos los trabajadores independientes, no solo a quienes laboran en plataformas. Sin una visión integral, esta reforma podría terminar afectando a quienes justamente pretendía proteger.
