Si existiera un Mundial del despilfarro, Cruz Pérez Cuéllar y Ciudad Juárez ya estarían levantando la copa. Según el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), nuestra ciudad encabeza —con honores— la lista nacional de municipios con más observaciones en el gasto federalizado programable. O lo que es lo mismo: hicieron garras los recursos del pueblo.
El documento no deja lugar a dudas: 716 millones 954 mil 922 pesos es la suma que el Gobierno Municipal de Juárez, bajo la administración de Cruz Pérez Cuéllar, no ha logrado justificar en su ejercicio de recursos federales correspondientes a 2023. No es un error de dedo. Son más de 700 millones que no se sabe en qué se gastaron, cómo se gastaron, o si se gastaron.
La ASF revisó tres fondos clave: el Ramo 28, el FORTAMUN y el FAIS. Y en los tres —sin excepción— encontró una administración marcada por la opacidad, la omisión y la irresponsabilidad presupuestaria. En el caso del Ramo 28, las cosas son grotescas: de los 438 millones 878 mil pesos auditados, el 96.3 por ciento —es decir, 422 millones 823 mil 860 pesos— se ejercieron sin que el Municipio pudiera presentar un solo documento válido que justificara esos egresos. ¿Cómo es posible? Fácil: porque aquí se gasta sin memoria, sin reglas y, al parecer, sin vergüenza.
En el FORTAMUN, fondo destinado a fortalecer la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura municipal, el Municipio recibió 335 millones 923 mil pesos, de los cuales 294 millones 131 mil pesos quedaron como “pendientes por aclarar”. Es decir, el 87.6 % del dinero auditado en este rubro también se extravió en la nebulosa del “usted dispense”.
Pero la cereza del pastel está en el FAIS, un fondo destinado exclusivamente a obras en zonas de pobreza extrema. Ahí, la ASF obligó al Gobierno de Juárez a devolver 15 millones de pesos por una obra que, simple y llanamente, nunca se realizó. ¿Y qué hizo el Municipio? Nada. Porque aquí, la impunidad se ejecuta con absoluta normalidad.
Los hallazgos no son menores. La ASF identificó adjudicaciones irregulares, procesos sin documentación, proveedores fantasmas y firmas sin facultades legales. Se promovieron múltiples solicitudes de aclaración, pliegos de observación y promociones de responsabilidad administrativa, pero el silencio desde la alcaldía ha sido absoluto. ¿Dónde está el vocero? ¿Dónde el alcalde? ¿Dónde los regidores que aprobaron el gasto?
Y no hablamos de chicles o mobiliario de oficina. Se trata de dinero público en obras inexistentes, luminarias con sobreprecio, software sin licencias, contratos con proveedores no registrados, y hasta equipos vinculados con tecnología china bajo sospecha internacional. Y lo más escandaloso: todo esto ocurrió en el segundo año de la primera gestión de Pérez Cuéllar, cuando ya no había pretexto de “apenas estamos aterrizando”.
En comparación, Torreón y Tlalnepantla parecen ejemplos de transparencia escandinava. Juárez no solo lidera la tabla de observaciones, la encabeza con escándalo. Y eso, en un país acostumbrado al desorden fiscal, es mucho decir.
Así que la pregunta no es si habrá consecuencias. Porque debemos exigir que las haya, los juarenses merecemos respeto y debemos levantar la voz. Que ya seamos rehenes del: aquí nadie renuncia, nadie devuelve el dinero, nadie rinde cuentas.
Pero en Juárez, la política no se mide por resultados, sino por la cantidad de espectaculares y maquinaria regalada a otros municipios.
El saldo: más de 151 millones de pesos en daño patrimonial, una montaña de contratos observados y el primer lugar en una tabla que, lejos de enorgullecer, debería provocar renuncias.
Pero no se hagan ilusiones. Aquí, los funcionarios no renuncian, se postulan. Pero mientras todo eso se destapa con documentos oficiales y cifras frías, el vocero Carlos Nájera optó por la estrategia favorita de la casa: silencio absoluto.
Calladito te ves menos cómplice.