Fuentes anónimas del Departamento de Justicia de Estados Unidos han revelado que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha iniciado una investigación formal contra Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado en la frontera norte de México. La indagatoria, que se encuentra en curso, está centrada en movimientos financieros sospechosos relacionados con el edil y su círculo cercano.
La investigación de la DEA incluiría una revisión exhaustiva de cuentas bancarias en diversos estados de Estados Unidos, como Texas, Nuevo México y Nevada, que estarían conectadas con Pérez Cuéllar. Según una fuente federal no identificada, las autoridades estadounidenses se habrían percatado de “movimientos financieros atípicos y en efectivo” desde el año 2023. Estos movimientos incluyen posibles “triangulaciones de recursos, ingresos no declarados y transferencias a nombre de terceros”, aunque hasta el momento no se ha formalizado una acusación directa.
En paralelo a esta investigación, Ciudad Juárez atraviesa una escalada de violencia que ha conmocionado a la región. En lo que va del mes de julio, se han registrado más de 39 homicidios, muchos de ellos en áreas conocidas por ser puntos neurálgicos del narcomenudeo. La violencia creciente ha intensificado las sospechas sobre la posible relación entre el crimen organizado y las autoridades locales, lo que ha generado un clima de creciente tensión en la ciudad fronteriza.
Las críticas hacia Pérez Cuéllar no son nuevas. A lo largo de su gestión, varios sectores de la sociedad juarense han señalado al alcalde por minimizar la violencia, especialmente después de días sangrientos marcados por enfrentamientos entre bandas criminales. En recientes declaraciones, Pérez Cuéllar trató de restar importancia a los hechos de violencia, señalando que “estos hechos son entre ellos”, refiriéndose a los conflictos entre grupos criminales. Esta postura ha provocado indignación entre ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y empresarios fronterizos, quienes acusan al edil de omisiones graves, e incluso de complicidad con los grupos criminales que operan en la región.
De acuerdo con información obtenida extraoficialmente, la investigación de la DEA también abarcaría propiedades en El Paso y Albuquerque, presuntamente registradas a nombre de familiares cercanos y socios políticos del alcalde. Asimismo, se ha mencionado la existencia de empresas fachada que habrían sido utilizadas para justificar movimientos financieros superiores al millón de dólares, lo que podría indicar un esquema de lavado de dinero a gran escala.
Aunque las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre el caso, ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya está al tanto de la situación. Este desarrollo pone en duda la figura del alcalde juarense, cuyas acciones y vínculos seguirán siendo objeto de escrutinio mientras avanza la investigación internacional que podría tener serias implicaciones políticas y judiciales.
