En Juárez hay una historia que parece sacada de una película de horror. Pero no es ficción: es la realidad más grotesca que puede producir la descomposición institucional. En el crematorio Plenitud, la Fiscalía ha empezado a escarbar —literalmente— el terreno, con la sospecha de que hay más cuerpos enterrados de forma clandestina. ¿Cuántos? ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que este caso puede abrir una cloaca aún más profunda de la que imaginamos.
Los testimonios de familiares, los indicios en la propiedad, el hedor que no se disipa… todo apunta a que no estamos ante un simple caso de negligencia o mal servicio funerario. Estamos ante algo peor: una probable fosa clandestina disfrazada de negocio legal. Y lo que debería causar alarma pública nacional apenas va generando reacciones tibias. Como si el horror ya no alcanzara para sacudirnos. Como si enterrar a alguien —sin permiso, sin dignidad, sin registro— fuera una anécdota más en esta ciudad donde lo increíble se volvió rutina.
Y mientras las familias lloran y exigen respuestas, las autoridades juegan al clásico deporte mexicano: aventarse la pelotita. La Secretaría de Economía se lava las manos, diciendo que no tiene datos sobre funerarias ni crematorios desde 2016. ¡Nueve años sin revisar un sector que literalmente maneja la muerte! La Profeco, esa supuesta defensora del consumidor, brilla por su ausencia: ni un solo contrato de adhesión registrado del crematorio Plenitud o de las cinco funerarias implicadas —Del Carmen, Latinoamericana, Protecto Deco, Amor Eterno y Luz Divina—. ¿Cómo es posible que no haya un solo documento que regule cómo estas empresas tratan a los muertos y a sus familias? Y luego está Coespris, la joya de la corona, que admite sin rubor que su última inspección a Plenitud fue en 2022, cuando el lugar ya era un cementerio clandestino disfrazado de negocio legal. Todos se pasan la responsabilidad como si fuera una papa caliente, mientras los cuerpos se acumulan y las familias se desgarran. ¿Es esto negligencia o complicidad? Porque a estas alturas, la línea es tan delgada que da escalofríos.
Para cerrar este escrito de pesadilla, la familia Lebarón volvió a protestar frente a la Presidencia Municipal, exigiendo respuestas por sus seres queridos asesinados. Años después, ni justicia ni seguridad; solo promesas vacías y un gobierno que parece más preocupado por controlar daños que por resolver. ¿Cuántas marchas más harán falta? ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que alguien haga algo?
