En Ciudad Juárez, donde la realidad suele ser más dura que el pavimento, hoy amanece con un destello de promesas que, si se cumplen, podrían cambiar el rumbo de esta frontera. Las noticias del día nos traen un operativo conjunto entre México y la DEA para atrapar capos, un grito de justicia por 39 abogados asesinados y un sistema de verificación vehicular que, aunque cojea, al menos intenta caminar. Son esfuerzos que, en el caos juarense, brillan como luciérnagas en la noche: pequeños, pero con potencial de iluminar si alguien se toma el trabajo en serio.
Primero, un aplauso para la colaboración transfronteriza, que suena a película de acción, pero con acento juarense (aunque la presidenta ya dijo que no hay ningún tipo de colaboración, “quesque” por la soberanía; veamos quién tiene la razón al final, pero lo más seguro es que este programa de colaboración conjunta se realizará, al tiempo…).
La DEA y México están entrenando a agentes mexicanos para ir tras los capos de las plazas fronterizas, esos señores que manejan Juárez como si fuera su patio propio. La Embajada de EE. UU. lo llama un “hito significativo” en la era Sheinbaum-Trump, y no es para menos: con 26 capos ya entregados a los gringos –sin pena de muerte, claro, que somos civilizados–, este programa promete desmantelar las redes que alimentan los casi 40 asesinatos que agosto ya nos dejó a la fecha.
Agentes capacitados, inteligencia compartida y un guiño diplomático que podría, con suerte, reducir el plomo en las calles. En una ciudad donde la violencia es tan cotidiana como el tráfico en los puentes, este operativo es una bocanada de aire fresco. Si México y la DEA logran mantener el ritmo, podríamos ver menos titulares de sangre y más de esposas. ¡Vamos, que este esfuerzo no se quede en una foto para redes sociales!
Pero mientras cazamos capos, la justicia en Juárez sigue siendo un sueño esquivo, especialmente para los 39 abogados asesinados en Chihuahua desde 2015, 26 de ellos en esta ciudad. El caso de Óscar Gael Cano, acribillado en junio frente a las oficinas del gobierno estatal, es solo uno de los cinco crímenes sin resolver este año. La Fiscalía General del Estado (FGE) presume haber bajado la impunidad del 100 % al 95 % –¡vaya logro, un caso resuelto de cada 20!–, pero los abogados, como José Miramontes, no se tragan el cuento y exigen acción.
La esperanza, sin embargo, está en esa rabia: los colegios de abogados no se rinden, se reúnen con la FGE, alzan la voz y presionan por un sistema judicial que deje de ser un archivo de casos olvidados. En una ciudad donde las víctimas, como el empleado de la UACJ que denunció abuso, suelen quedarse a solas, esta lucha colectiva es un faro. Si los abogados mantienen la presión, podrían obligar a la Fiscalía a salir de su letargo.
Por ahora, cada reunión es un paso hacia una justicia que, aunque lenta, no está muerta. En teoría, son profesionistas que representan la ley; en la práctica, la justicia parece incapaz de representarlos a ellos. Si matar a un abogado no genera consecuencias, ¿qué puede esperar el ciudadano común? La impunidad no es una estadística: es la confirmación de que la ley se aplica según la conveniencia del poder y no del derecho.
Y para cerrar, una nota que podría ser un chiste si no fuera tan seria: el sistema de verificación vehicular en Juárez está fallando como si lo hubiera diseñado un becario en su primer día. Los centros de verificación, que deberían asegurar que los carros no contaminen más que un crematorio mal regulado, colapsaron el día de ayer por exceso de trabajo o por “fallas técnicas”. César Díaz, titular de Ecología, pide “paciencia” mientras los conductores hacen filas que parecen peregrinaciones al puente internacional.
Solo 215 000 de 800 000 vehículos están verificados, y las multas –de 2 200 a 3 394 pesos– acechan desde ayer. Pero, oigan, hay luz al final del túnel: el municipio está trabajando para arreglar el sistema, y esos 5 millones de pesos que planean recaudar podrían darle un respiro al Parque El Chamizal (que, por cierto, nadie sabe qué plan tienen con él, tal vez porque es un parque nacional).
Si logran agilizar las verificaciones y hacer que los centros funcionen, Juárez podría tener un aire menos tóxico y un parque más verde (ajá). Es un esfuerzo pequeño, pero en una ciudad donde todo parece ir en reversa, cualquier paso adelante cuenta.
En fin, hoy por hoy tenemos largas filas, citas incumplidas y una burocracia que colapsa en su propio invento. Es la muestra más palpable de un Estado que exige, pero no garantiza; que multa, pero no facilita; que pide orden, pero ofrece desorden. Los verificentros no deberían ser metáfora de la política, pero lo son: un engranaje lleno de promesas que, al llegar al mostrador, simplemente no funciona.
Tres temas, una misma raíz: autoridades que simulan más de lo que resuelven. El crimen no se desmonta con discursos, la justicia no se honra ignorando a los muertos y el orden urbano no se construye con sistemas que se caen a la primera prueba. La frontera necesita menos anuncios y más resultados. Porque entre capos, abogados y verificentros, la gente común sigue pagando la cuenta.
