Empecemos por el lado oscuro de la moneda: Chihuahua, y por ende Juárez, figura entre los estados con detenidos por extorsión, según el reporte federal que Omar García Harfuch presentó en la mañanera presidencial. De julio a agosto, el país atendió 32,622 denuncias de intentos de extorsión, y 212 presuntos extorsionistas cayeron en 15 entidades, incluyendo la nuestra. ¡Qué alivio saber que Juárez, con su Guardia Nacional aplicando “estrategias de proximidad” en 22 municipios clave, está en la lista de los “protegidos”!
Pero, un momento, ¿dónde están los detalles jugosos? No hay números específicos para Chihuahua, solo la mención genérica que hace que uno se rasque la cabeza. ¿Cuántos de esos 212 son de aquí, donde la extorsión repuntó a siete casos en julio y sigue siendo el deporte favorito de los cárteles? García Harfuch presume avances en la estrategia nacional, pero en Juárez, donde los empresarios temen contestar el teléfono y los pequeños negocios pagan “derecho de piso”, esto suena a más de lo mismo.
Volvemos, pues, a aparecer en los mapas nacionales, pero no por buenas razones: es uno de los estados con mayor número de detenidos por extorsión. El dato es importante porque revela dos realidades: por un lado, la presión de las autoridades para responder a un delito que lacera tanto a empresarios como a familias; y por el otro, la magnitud del problema que sigue siendo estructural. Los números sirven de poco si la ciudadanía aún vive con miedo a denunciar. La extorsión no solo roba dinero, roba tranquilidad, y mientras no haya confianza plena en la justicia, el círculo seguirá repitiéndose.
Y si el crimen organizado no bastara para arruinar el día, llega Vonna Bridal, ese “paraíso nupcial” en Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal que ha convertido sueños de boda en pesadillas financieras. Doce novias frustradas, armadas de rabia y demandas, irrumpieron en la tienda el martes para reclamar los vestidos que pagaron con sudor y lágrimas –casi 180 mil pesos en total, según las afectadas. Damaris C. soltó 16,800 pesos, Daniela A. 21,000, Jacqueline Ch. 18,000, e Ilse Pérez hasta 27,300 hace más de un mes, y ni rastro de los vestidos.
La dueña, Minerva L., se enfrentó a una turba que amenazó con llevarse mobiliario y prendas, hasta que un agente municipal intervino y les recomendó denunciar por fraude en la Fiscalía del Distrito Norte. ¡Qué escándalo tan predecible! En redes sociales, las quejas llueven como confeti en una boda fallida: “Quemen este negocio”, “Estafa total”, “Novias traicionadas por un vestido que nunca llegó”.
Profeco brilla por su ausencia, como siempre, y la policía solo calmó las aguas sin resolver nada. Las repercusiones para estas mujeres son devastadoras: bodas pospuestas, ilusiones rotas y bolsillos vacíos en una ciudad donde el dinero ya no alcanza para lo básico. ¿Y Vonna Bridal? Probablemente seguirá vendiendo sueños a las próximas víctimas mientras las autoridades duermen la siesta. En Juárez, donde hasta la muerte es un negocio turbio, ¿quién iba a pensar que un vestido de novia sería el próximo fraude?
Para cerrar con un toque de responsabilidad cívica en medio del caos, el municipio nos lanza un salvavidas fiscal: el descuento del 100% en recargos del predial está por concluir a fin de mes.
Pagarlo no solo evita problemas futuros, también es un acto de corresponsabilidad. Si bien es cierto que la ciudadanía exige mejores servicios públicos —calles, alumbrado, seguridad—, también es cierto que sin recursos municipales poco puede avanzarse. La congruencia inicia desde lo más básico: cumplir con el predial para luego exigir con legitimidad que ese dinero se traduzca en resultados tangibles.
