Ciudad Juárez.- Aunque se planteó como un paso necesario para cerrar uno de los episodios más graves de negligencia institucional en el ámbito migratorio, la disculpa pública que debe ofrecer Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), sigue sin fecha definida, a más de siete meses de haberse ordenado judicialmente.
El exfuncionario enfrenta un proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio registrado en marzo de 2023 en una estación migratoria tipo B en Ciudad Juárez, donde 40 personas migrantes fallecieron al quedar encerradas durante el siniestro, mientras otras 27 resultaron heridas. Como parte de las medidas impuestas por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, Garduño deberá realizar un acto público dirigido tanto a sobrevivientes como a familias que perdieron a un ser querido.
El abogado Marcos Zavala, representante legal de varias víctimas a través de la Fundación para la Justicia, informó que han tenido lugar cinco mesas de trabajo para definir los términos de ese evento, pero aún no se ha alcanzado un consenso. A pesar de que se contemplaron fechas tentativas en abril y mayo, los obstáculos logísticos, especialmente para garantizar la participación de 50 personas afectadas de distintas nacionalidades, han impedido su realización. Garduño tiene como plazo hasta septiembre de 2026, pero hasta ahora no se ha logrado avanzar más allá de las conversaciones preliminares.
