Carlos Eduardo C. R., el segundo migrante venezolano acusado del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, comparecerá el pasado viernes ante un juez federal con el objetivo de solicitar la modificación de la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva.
De acuerdo con la agenda judicial, a las 10:30 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Centro de Justicia Penal Federal, dentro de la causa 355/2023. En este proceso, Carlos Eduardo es el único imputado; sin embargo, el expediente se relaciona con otras seis causas penales que en conjunto involucran a 10 personas.
Entre ellas se encuentran funcionarios del INM y personal de seguridad privada, acusados de delitos como homicidio doloso en agravio de 40 migrantes, lesiones dolosas contra 27 más, daños a propiedad federal y ejercicio ilícito del servicio público.
A diferencia de la mayoría de los funcionarios señalados, quienes han logrado enfrentar su proceso en libertad bajo distintas medidas cautelares, Carlos Eduardo permanece recluido desde su detención. Ahora busca obtener el mismo beneficio para enfrentar el proceso fuera de prisión.
Según antecedentes periodísticos y testimonios recabados en el expediente, al menos tres sobrevivientes identifican a Carlos Eduardo como uno de los presuntos responsables de iniciar el fuego. Dos víctimas lo reconocieron mientras recibían tratamiento médico en el Hotel Colonial, donde fueron alojados los heridos durante los primeros meses posteriores al siniestro.
Uno de los testigos declaró el 16 de abril de 2023 que la noche del incendio observó a un grupo de siete migrantes venezolanos dañando las cámaras de videovigilancia dentro de la estancia migratoria —que en los hechos funcionaba como una celda— donde estaban retenidos. De acuerdo con este testimonio, Carlos Eduardo habría dado la instrucción a otro de los internos para que prendieran fuego a unas colchonetas, lo que finalmente ejecutó Jeison Daniel C. R., también de nacionalidad venezolana.
El incendio provocó la muerte de 40 personas y dejó con lesiones graves a 27 más, lo que lo convirtió en una de las tragedias migratorias más graves en la historia reciente del país. A más de un año del suceso, las investigaciones continúan y el proceso judicial se ha extendido con recursos legales de los imputados, mientras las familias de las víctimas demandan justicia y reparación integral del daño.
