Columnas de humo, dinero y justicia ausente

En Ciudad Juárez la agenda pública suele girar en torno a la improvisación y el contraste: mientras se invierten millones de pesos en festejos, la vida cotidiana de los ciudadanos transcurre entre baches, inseguridad e impunidad. No es exageración, es la descripción puntual de lo que ocurre en esta frontera.

La primera perla de la semana la protagonizaron los regidores del municipio, que aprobaron 10 millones de pesos para el festejo del 50 aniversario de la UACJ. Una cifra nada despreciable para un evento académico y cultural que, sin duda, tiene relevancia histórica, pero que resulta ofensiva si se compara con la realidad que enfrentan los propios estudiantes y la ciudadanía en general. ¿Qué sentido tiene destinar semejante cantidad de dinero cuando los alumnos denuncian que sus baños no tienen jabón ni papel, que el transporte universitario no es seguro y que la infraestructura presenta fallas graves? Parece que para las autoridades municipales los festejos valen más que la dignidad diaria de los estudiantes.

La indignación en redes sociales no se hizo esperar. Los comentarios coincidían: ¿por qué gastar 10 millones en celebraciones si las calles siguen llenas de baches, si la seguridad está desbordada y si las colonias padecen un abandono histórico? La respuesta implícita está en la lógica política: la foto, el acto masivo, el discurso emotivo, pesan más que la inversión en problemas reales. La UACJ merece conmemorarse, nadie lo duda, pero la pregunta correcta sería: ¿debe pagarlo la ciudadanía en un momento donde el déficit de servicios es brutal?

Y si el despilfarro municipal duele, la disculpa pública anunciada por el excomisionado del INM, Francisco Garduño, por el incendio en la estación migratoria de Juárez es un bálsamo que sabe a hiel. El 26 de septiembre, en una ceremonia para las 27 víctimas directas –parte de las 40 que perecieron en 2023 en ese infierno de negligencia–, Garduño ofrecerá sus palabras de arrepentimiento, como si un “lo siento” pudiera apagar las llamas que consumieron vidas de migrantes hacinados sin protocolos ni dignidad. La resolución judicial de enero de 2025, que concedió suspensión a su proceso penal, allanó este gesto, pero ¿y las familias? ¿Las que perdieron hijos en un centro que era más cárcel que refugio? Justo después del Grito de Independencia, donde se vitoreó a “nuestros hermanos migrantes”, esta disculpa llega como un eco vacío, un ritual que cierra el capítulo sin abrir heridas de verdad.

La ironía se impone sola: se vitorea al migrante en la plaza pública, mientras la memoria reciente recuerda que se les dejó morir bajo llave en un centro de detención. La disculpa, aunque necesaria, llega tarde y suena hueca, más a trámite legal que a gesto humano.

Para cerrar con un puñetazo al estómago, los policías de Juárez que hacen su trabajo –patrullando calles donde más de 700 homicidios marcan el año– ven cómo la justicia les da la espalda en crímenes donde ellos mismos perecen impunemente. La mayoría de los ataques con múltiples víctimas fatales contra elementos de la SSPM no han llevado a un solo culpable al banquillo, dejando a los uniformados como blancos fáciles en una guerra donde el crimen dicta las reglas.

En septiembre, con 50 balaceras que ya suman un repunte, los policías arriesgan el cuello sin el respaldo de una Fiscalía que archiva casos o los pierde en el limbo. Qué crueldad: mientras el alcalde presume patrullas nuevas en su informe, los agentes que las manejan mueren o sobreviven con el miedo de que sus asesinos caminen libres. En una ciudad donde el CERESO rebosa con 4,555 reclusos y los secuestros rompen récords, la impunidad contra los guardianes de la ley es un veneno que corroe todo. Porque si ni siquiera los policías encuentran justicia, ¿qué esperanza le queda a la ciudadanía que depende de ellos?

Juárez, la ciudad que en tres eventos se ha gastado casi 50 millones para fiestas, disculpas que no curan y policías abandonados a su suerte, clama por líderes que vean más allá de los reflectores.