Ciudad Juárez.- La tercera absolución judicial a favor de Naomi Yamilé R. P., acusada de delitos sexuales contra menores en una guardería de esta frontera, ha reavivado el debate sobre las fallas del sistema de justicia penal y la actuación tanto de la Fiscalía de la Mujer (FEM) como de los juzgadores. Tres procesos orales distintos han terminado sin sentencia condenatoria, lo que ha generado críticas cruzadas entre defensores de la acusada, asesorías de víctimas y especialistas en derechos de la infancia.
En los tres juicios, los jueces Claudia Domínguez Curiel, Nancy Denisse Jiménez Aguirre y Jesús Manuel Medina Parra señalaron inconsistencias en las pruebas presentadas por la Fiscalía, como peritajes cuestionados, testimonios poco creíbles y hasta presuntas irregularidades en dictámenes médicos. Incluso, se dio vista al Ministerio Público para investigar a una médica legista, una psicóloga y una agente ministerial por posibles faltas en la integración de los casos. Por su parte, la FEM anunció que apelará las resoluciones y acusó la falta de perspectiva de infancia, citando protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lineamientos para evitar la revictimización y garantizar que los testimonios infantiles tengan el peso jurídico necesario.
Mientras la defensa de Naomi Yamilé asegura que los casos responden a intereses particulares y busca desestimar los señalamientos como parte de una estrategia para “lucrar con el dolor de las familias”, organizaciones civiles como Casa Amiga han lamentado que las víctimas queden desprotegidas. Su directora, Lydia Cordero, afirmó que estas resoluciones dejan en indefensión a los menores y evidencian la urgencia de fortalecer la profesionalización en la atención a infancias. A su vez, la Asociación de Abogados Penalistas, que representa a la acusada, sostiene que las carpetas carecen de pruebas sólidas. El resultado: un proceso marcado por acusaciones cruzadas, dudas en la procuración de justicia y familias que siguen sin respuestas claras.
