Juárez vuelve a estremecerse. Y no es para menos. El horror encontrado en el crematorio “La Plenitud”, donde 386 cuerpos fueron localizados en condiciones indignas, sigue mostrando la herida más profunda que tiene esta ciudad: la indiferencia institucional ante el dolor humano.
Los días pasan, las declaraciones se repiten, pero las respuestas siguen sin aparecer. El gobierno estatal se muestra rebasado y sin rumbo claro, mientras los familiares de las víctimas enfrentan la pesadilla de no saber si entre esos restos está alguien suyo.
Ante la falta de resultados, colectivos y ciudadanos han decidido tomar las calles. No con rabia, sino con memoria. Este 1 de noviembre, un altar será levantado para honrar a las 386 personas halladas en ese crematorio que debería haber sido un lugar de descanso, no de abandono.
La manifestación será un grito silencioso, pero poderoso: no olviden sus nombres, no repitan su destino.
Y es que en Juárez ya no se llora solo por los asesinatos, sino por la negligencia de quienes prometieron justicia y entregan excusas. La Plenitud se ha convertido en el espejo más cruel de un sistema forense colapsado, de instituciones sin control y de una autoridad estatal que —una vez más— llega tarde, llega mal o simplemente no llega.
Qué alivio tan frágil: en una ciudad donde la Fiscalía ha identificado solo 96 de los 386 cuerpos abandonados como si fueran cualquier cosa en ese depósito de horrores –con 63 devueltos y 30 esperando familiares que no aparecen–, esta manifestación no es luto; es grito de batalla. Porque la falta de efectividad estatal es tan palpable como el dolor que aún persigue a las familias: investigaciones que se dilatan, peritajes que no avanzan y una administración que parece más interesada en cerrar capítulos con clausuras temporales que en desenterrar la verdad con investigaciones, políticas públicas y voluntad.
En el plano nacional, como se lo mencionamos ayer, otro frente de inconformidad se levanta. Los campesinos mexicanos tomaron 33 puntos carreteros del país para exigir precios justos y apoyos reales. Su movimiento ya no es advertencia: es acción.
Durante años, los productores han sido los olvidados del discurso oficial, relegados a pie de parcela mientras los grandes programas se diluyen entre papeleo y simulación.
La protesta del campo no es un berrinche político; es el eco del hambre y la desesperación. México no puede darse el lujo de ignorar a quienes lo alimentan. Si el gobierno federal sigue mirando hacia otro lado, la tierra podría volver a temblar, pero no por causas naturales.
El impacto es innegable: carreteras colapsadas, puertos en pausa y un mensaje que no se diluye en ruido: justicia por precios justos, subsidios reales y un gobierno federal que pague lo que vale el sudor del campo. Qué cansancio tan justificado: esta consumación de la amenaza, que empezó como advertencia en asambleas y ahora es bloqueo masivo, no es capricho; es el clímax de un hartazgo que ha visto recortes en fertilizantes, importaciones baratas que ahogan lo local y un gobierno que presume “soberanía” pero ignora el pan de cada día rural.
Porque cuando el campo se organiza, el país entero se reconfigura. Y la historia lo ha demostrado una y otra vez.
Y como si el panorama no fuera ya suficientemente confuso, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, decidió intervenir en la disputa entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el secretario estatal de Seguridad, Gilberto Loya.
Pidió que “no se politice la seguridad”. Bien dicho, pero vacío. Porque las palabras no bastan cuando la ciudadanía sigue atrapada entre balaceras, fosas y cementerios improvisados. De la Peña, con la neutralidad de un árbitro que ya tiene su camiseta, entró al ring para recordar el acuerdo entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Sheinbaum de no convertir la seguridad en carnada electoral, pero en el contexto de la polémica por la Torre Centinela –donde Loya invitó al alcalde a “conocer avances” como a un niño a una feria, y Pérez Cuéllar mencionó que para ver ruinas mejor iba a Paquimé, además de acusar él mismo de politización–, su llamado suena más a paño caliente que a plan de acción. “El sistema Centinela funciona muy bien”, dice, como si la controversia fuera por la vista del piso 15 y no por un proyecto que el alcalde duda que se termine en su sexenio.
Juárez necesita menos llamados a la calma y más acciones concretas: coordinación real, estrategias conjuntas, resultados medibles. La seguridad no se defiende con declaraciones; se construye con voluntad.
