El diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse que el Infonavit otorgó un contrato por 993.9 millones de pesos a la empresa Agicresa, propiedad de sus hermanos Arturo y Gibrán Crespo. La adjudicación CO-PVB-095-2025 contempla la construcción de 1,808 Viviendas del Bienestar en Zempoala, Hidalgo, lo que ha desatado críticas sobre un posible conflicto de interés.
Aunque el legislador defendió la legalidad del proceso asegurando que la compañía tiene más de 20 años en el sector y que él no interviene en las decisiones del instituto, el caso ha levantado sospechas debido a la magnitud del monto y a la coincidencia temporal con su cargo político, sumándose a otros contratos obtenidos por la familia en la administración estatal de Julio Menchaca.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó una revisión exhaustiva del contrato tras ser cuestionada en su conferencia matutina, advirtiendo que, de hallarse irregularidades o influyentismo, el acuerdo deberá ser suspendido de inmediato. La mandataria enfatizó que bajo su gobierno no se permitirán prácticas que contradigan la ética de la Cuarta Transformación, especialmente en proyectos tan sensibles como la vivienda popular.
Mientras la Secretaría de la Función Pública inicia las indagatorias, analistas políticos señalan que este episodio pone a prueba los mecanismos internos de control de Morena para erradicar el uso de redes familiares en el acceso a recursos públicos, en un momento donde la transparencia es el eje discursivo central del Poder Ejecutivo de cara al cierre de 2025.
