La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este martes 23 de diciembre un revés significativo a la administración de Donald Trump al negarse a levantar el bloqueo judicial que impide el envío de la Guardia Nacional a Chicago. En una decisión de 6 votos contra 3, el máximo tribunal respaldó la postura de los tribunales inferiores, señalando que el Gobierno federal no ha logrado identificar una fuente de autoridad legal clara que permita el uso de fuerzas militares para ejecutar leyes civiles en Illinois.
La mayoría del tribunal, que incluyó al presidente del mismo, John Roberts, y a los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett uniéndose al bloque liberal, concluyó que la interpretación de Trump sobre las “fuerzas regulares” era probablemente errónea, ya que este término se refiere al ejército convencional y no a agentes civiles, por lo que el presidente debería demostrar primero la incapacidad de los militares antes de federalizar a la Guardia Nacional estatal.
Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró el fallo como una “gran victoria para la democracia estadounidense” y un paso crucial para frenar lo que calificó como una “marcha hacia el autoritarismo” por parte del Ejecutivo. Mientras la Casa Blanca defendió la medida argumentando la necesidad de proteger al personal federal de “alborotadores violentos” en el marco de sus operativos migratorios, los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch expresaron su disidencia, cuestionando que la Corte limitara el poder del comandante en jefe de manera preliminar.
Este fallo marca un precedente histórico al restringir el uso discrecional de las fuerzas armadas para fines de vigilancia interna en jurisdicciones opositoras, debilitando la estrategia de la administración de intervenir militarmente en ciudades gobernadas por demócratas bajo el pretexto de combatir el crimen y la insurgencia civil.
