La Jueza de distrito Trina Thompson bloqueó este miércoles 31 de diciembre de 2025 la orden del gobierno de Donald Trump que pretendía cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes. La resolución judicial ampara a aproximadamente 89,000 ciudadanos originarios de Honduras, Nepal y Nicaragua, quienes habrían quedado vulnerables a la deportación inmediata de no ser por esta intervención.
En su fallo, la magistrada argumentó que la administración republicana no evaluó correctamente las condiciones actuales de inseguridad y desastres en dichas naciones, señalando además que las motivaciones para rescindir el programa estuvieron influenciadas por prejuicios raciales. Thompson citó declaraciones de Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde se utilizaban estereotipos discriminatorios al calificar a los beneficiarios como “invasores criminales”, lo cual contraviene los principios de equidad constitucional.
Esta decisión representa un nuevo revés legal para la política migratoria de la Casa Blanca al cierre de 2025, protegiendo específicamente a 72,000 hondureños, 13,000 nepalíes y 4,000 nicaragüenses que residen y trabajan legalmente en Estados Unidos. Aunque la Corte Suprema permitió recientemente la finalización del TPS para los venezolanos, los tribunales de menor instancia mantienen una batalla jurídica activa para preservar los permisos de otras nacionalidades bajo el argumento de que su retorno representaría un peligro extremo.
La orden judicial garantiza que estos grupos mantengan su alivio migratorio y permisos de trabajo vigentes mientras el caso continúa su curso en las cortes de apelaciones durante el 2026. Por ahora, los activistas celebran la medida como un freno necesario a las políticas de expulsión masiva que han caracterizado el primer año del segundo mandato de Trump, asegurando estabilidad para miles de familias que han hecho su vida en el país norteamericano durante décadas.
