Este 1 de enero de 2026 entró oficialmente en vigor el decreto que impone aranceles de entre el 5% y el 50% a más de 1,400 fracciones arancelarias de productos provenientes de países sin tratado comercial, una medida que afecta principalmente a China y otras naciones asiáticas. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso, marca el fin de una era de apertura comercial unilateral que inició en 1986, girando hacia una política proteccionista diseñada para fortalecer el contenido nacional en las cadenas productivas.
Sectores estratégicos como el automotriz, textil, siderúrgico y de calzado recibirán el mayor impacto de estos gravámenes, con los que el gobierno federal estima recaudar hasta 70,000 millones de pesos y salvaguardar aproximadamente 350,000 empleos manufactureros frente a la sobrecapacidad de producción global.
La implementación de estos aranceles ocurre en un clima de alta tensión geopolítica, funcionando como una señal de alineación con Washington de cara a la revisión del T-MEC prevista para este año y ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Mientras organismos empresariales como Canacero y la AMIA respaldaron la medida como una herramienta necesaria para combatir la competencia desleal, analistas y expertos advierten sobre un inminente repunte inflacionario, ya que el consumidor final podría absorber el encarecimiento de bienes de consumo cotidiano como ropa, juguetes y electrodomésticos.
Por su parte, el gobierno chino ya manifestó su rechazo y solicitó “corregir” la medida, lo que plantea un escenario de posibles represalias comerciales en el primer trimestre de 2026, mientras el Ejecutivo mexicano intenta equilibrar la protección de la industria local con la exención de aranceles a 21 productos de la canasta básica para mitigar el golpe al bolsillo familiar.
