Juárez amanece con el mismo sabor amargo de siempre: filas kilométricas para pagar impuestos, promesas que se evaporan y una ciudad que sigue pagando por servicios que no llegan. Aquí los contribuyentes ya están empezando a cumplir con su parte: hasta 12 horas de fila en las cajas del predial para ser de los primeros en pagar el 2026, como si el impuesto fuera un boleto de lotería que otorga derechos invisibles.
Hicieron cola desde la madrugada del 2 de enero, con termo en mano y paciencia de santo, para obtener el 3% de descuento por pronto pago. Es el ritual anual de los juarenses cumplidos: pagan, pagan y pagan, porque la ley es la ley y la alternativa es peor.
Pero el espejo es cruel: esos millones que entran al erario municipal —el predial representa el 30% de los ingresos propios del Ayuntamiento— no se traducen en mejoras visibles. Las calles del suroriente siguen siendo un rompecabezas de baches, el alumbrado público parpadea como si tuviera insomnio, el drenaje colapsa con la primera lluvia y la seguridad vial es un deporte extremo.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presume comunicación social con 300 millones de pesos anuales —más que muchas obras reales—, pero los contribuyentes no quieren selfies; quieren asfalto, luminarias y patrullas que patrullen de verdad. En una ciudad donde el ciudadano paga puntual y el servicio llega tarde (o nunca), el mensaje es claro: enfoca las baterías, alcalde. No en más spots de autoayuda, sino en resultados tangibles. Porque la paciencia de quien paga impuestos sin verlos reflejados en su calle tiene fecha de caducidad, y esa fecha se acerca.
Y hablando de fechas de caducidad, el decreto de regularización de autos chuecos —ese que el gobierno federal vendió como solución humanitaria y terminó siendo un colapso vial— ya es historia. Chihuahua encabezó la lista nacional: más de 200 mil vehículos regularizados entre 2022 y 2025, el 25% del total del país. Juárez, como puerta de entrada, fue el epicentro: filas eternas en los módulos, trámites exprés y placas nuevas que ahora circulan legalmente… pero sin seguro obligatorio real, sin verificación vehicular seria y con emisiones que convierten el aire en sopa tóxica.
El aumento del 40% en flujo vehicular este diciembre no fue casualidad; fue el efecto final de una medida que se aplicó sin planeación vial ni inversión en infraestructura. Ahora, con el decreto muerto, los autos chuecos siguen circulando —muchos sin placas nuevas—, y Juárez paga la factura en tráfico, contaminación y riesgo. ¿Lección? Las soluciones populistas sin planeación terminan siendo problemas más grandes que los que pretendían resolver.
Y para cerrar con la herida abierta del año, Isela Molina, presidenta de CANACINTRA Juárez, pone el dedo en la llaga: la cancelación de la concesión del BRT deja un precedente grave de incertidumbre jurídica. El gobierno estatal, a través de la Agencia Estatal de Transporte, tomó el control total del sistema en diciembre de 2025, revocando la concesión original a la empresa operadora por “incumplimientos graves”. Pero Molina no se anda con rodeos: “Esto genera desconfianza en cualquier inversión privada. ¿Quién va a apostar por infraestructura si el gobierno puede cancelar concesiones de un día para otro?”.
El BRT, que costó miles de millones y prometía ser el salvavidas de la movilidad juarense, ahora el estado lo opera directamente —con recursos públicos que escasean—, pero sin claridad sobre plazos, financiamiento ni modelo de sostenibilidad. Para CANACINTRA, es un mensaje desastroso: el gobierno puede expropiar o cancelar cuando le convenga, y eso ahuyenta inversión real.
Así empieza Juárez 2026: con contribuyentes que pagan puntual pero reciben servicios a cuentagotas, con autos chuecos que ya no son chuecos pero siguen saturando calles y con un BRT que pasó de promesa a precedente de desconfianza. El mensaje es claro: no basta con recaudar; hay que invertir en lo que la gente ve y toca. No basta con regularizar; hay que planear la ciudad que viene. No basta con tomar control; hay que dar certeza.
Porque en Juárez, los contribuyentes cumplidos no piden favores: piden que su dinero sirva. Y tienen razón. Porque al final, en esta frontera de contrastes, lo que cuenta no es cuánto se recauda, sino cuánto se construye.
