El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa de 1.7 millones de dólares a la prestigiosa IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, tras revelar que hijos de presuntos líderes del narcotráfico mexicano estudiaron en sus instalaciones entre 2018 y 2022.
La institución educativa y deportiva de alto rendimiento mantuvo contratos de matrícula con dos individuos sancionados bajo la Ley Kingpin, identificados como “SDN 1” y “SDN 2”, quienes financiaron la estancia de sus hijos como estudiantes-atletas a pesar de las restricciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinó que la academia procesó pagos de colegiatura que alcanzaron montos superiores a los 100 mil dólares anuales por estudiante, incluyendo alojamiento y programas de entrenamiento especializado.
Las investigaciones señalaron al menos 89 posibles infracciones a las normas de sanciones financieras, ya que la institución procesó los cobros de manera reiterada sin verificar si los padres de familia figuraban en la lista de personas bloqueadas por vínculos con el crimen organizado en México.
Las transacciones se realizaron principalmente a través de transferencias bancarias efectuadas por terceros y entidades ubicadas en territorio mexicano, así como mediante cargos directos a tarjetas de crédito vinculadas a los individuos sancionados.
El reporte del Tesoro detalla que la IMG Academy recibía fondos desde cuentas no designadas hacia su propia cuenta en una institución financiera de Estados Unidos, y en ocasiones aplicaba saldos positivos de un año escolar para cubrir los costos del siguiente ciclo académico de manera automática.
La OFAC subrayó que una verificación básica en los controles internos de la escuela habría bastado para identificar el estatus legal de los tutores y evitar la violación de las leyes antinarcóticos. El acuerdo de 1.7 millones de dólares resalta la responsabilidad de las instituciones privadas de verificar el origen de sus recursos, incluso en sectores como el educativo.
La resolución del caso evidencia las fallas en la vigilancia de capitales provenientes de organizaciones delictivas mexicanas que buscan insertar a sus familias en círculos de élite en el extranjero.
