Ciudad Juárez.– La liberación de José Luis A. C., dueño del crematorio Plenitud, reactivó la discusión pública en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos confirmó que su gobierno ya prepara una impugnación contra la resolución federal que lo dejó sin proceso. Calificó el fallo del juez Luis Eduardo Rivas Martínez como “preocupante” y aseguró que el caso no está cerrado para el Estado.
Campos señaló que la resolución no corresponde a la gravedad del hallazgo de 386 cadáveres dentro del establecimiento. Afirmó que su administración acompañará a las familias y buscará que una instancia superior revise la decisión. También insistió en que la prioridad es evitar impunidad y aclarar por completo el manejo indebido de los cuerpos.
La visión de otros funcionarios
Legisladores de Movimiento Ciudadano, Morena y PAN también reaccionaron. Todos coincidieron en que el caso exige una revisión legal inmediata. El diputado Francisco Sánchez Villegas informó que el Congreso analiza reformas para definir con claridad el delito relacionado con el trato indebido de cadáveres. Dijo que la falta de precisión en la ley permitió que el amparo avanzara.
Desde Morena, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta consideró la liberación como un golpe para Juárez. Señaló que seguirán pidiendo apoyo federal para acelerar la identificación de víctimas y dar seguimiento a los procesos. En el PAN, la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera cuestionó la supervisión municipal, pues el crematorio operaba con permisos vigentes.
El representante del Gobierno estatal, Carlos Ortiz, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) revisa posibles omisiones en la carpeta de investigación. Explicó que ya se iniciaron nuevas diligencias y que también se analizarán las solicitudes de familiares que piden responsabilidades administrativas.
Ortiz afirmó que el Estado mantendrá vigilancia total sobre el proceso. Añadió que el objetivo es asegurar claridad, legalidad y transparencia en un caso que continúa afectando a la comunidad juarense.
