La Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente al depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, de haber vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos durante su etapa como ministro de Exteriores. Según el documento de imputación presentado ante un tribunal en Nueva York, estos documentos oficiales habrían otorgado inmunidad diplomática a miembros de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas entre 2006 y 2008. La estrategia buscaba facilitar el transporte de toneladas de cocaína procesada en Colombia y Venezuela hacia territorio estadounidense a través de una compleja red logística.
El expediente judicial sostiene que Maduro y otros altos mandos del régimen venezolano se aliaron con organizaciones criminales mexicanas para consolidar el llamado Cártel de los Soles. Las investigaciones señalan que la droga era enviada mediante puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, utilizando a México como una plataforma financiera y operativa fundamental. Además, la acusación involucra al actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, por presuntamente recibir sobornos para garantizar el libre tránsito de los cargamentos de estupefacientes desde puertos venezolanos.
La investigación abarca un periodo de dos décadas, extendiéndose desde 1999 hasta 2019, lo que implica operaciones de tráfico de drogas durante cinco administraciones distintas en México. Aunque el documento no formula cargos directos contra exmandatarios mexicanos, destaca la existencia de una corrupción sistémica que permitió a los traficantes pagar por protección política en la región. El caso ha generado inquietud debido a que la información recabada por la DEA y testimonios de testigos protegidos podrían aumentar la presión diplomática de Washington sobre el sistema político mexicano.
Actualmente, el proceso judicial en Nueva York enfrenta retrasos tras la postergación de la audiencia inicialmente prevista para mediados de febrero, la cual ha sido reprogramada para el próximo 26 de marzo. Maduro, quien fue capturado en enero de 2026 tras ser derrocado de la presidencia, se ha declarado inocente de todos los cargos de narcotráfico presentados en su contra. Junto con el exmandatario, también deberá comparecer su esposa, Cilia Flores, mientras la justicia estadounidense continúa desahogando las pruebas financieras y grabaciones acumuladas durante años de inteligencia.
