En una maniobra que traslada la presión laboral al corazón del Poder Legislativo, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó este 24 de febrero una iniciativa para obligar a diputadas y diputados a cumplir con una jornada mínima de 48 horas semanales. La legisladora Laura Ballesteros, promotora de la propuesta, sentenció que si el Congreso pretende legislar sobre el tiempo de descanso de los mexicanos, debe empezar por imponerse estándares de productividad y asistencia verificables.
La reforma busca modificar la Ley Orgánica del Congreso para terminar con la discrecionalidad en las ausencias y establecer un compromiso real de permanencia en el recinto parlamentario ante el creciente ausentismo.
La propuesta de MC surge como una respuesta directa al esquema de gradualidad impulsado por Morena para la reducción de la jornada laboral general. Ballesteros criticó duramente que el oficialismo pretenda postergar el beneficio de las 40 horas hasta el año 2030, calificando la postura como una táctica para “patear el bote” mientras México sigue rezagado frente a sus socios del T-MEC. En contraste, Movimiento Ciudadano exige la aplicación inmediata de las 40 horas para la clase trabajadora, pero propone que sean los legisladores quienes asuman la carga de 48 horas actuales, emulando el esfuerzo que realizan millones de empleados bajo la normativa vigente.
El diagnóstico presentado desde la tribuna fue demoledor para la imagen del Legislativo, al revelar que más de 200 diputados se encontraban ausentes al inicio de la sesión y que se han acumulado más de mil justificantes en lo que va de la legislatura. La diputada Ballesteros evidenció casos extremos de legisladores con hasta 30 inasistencias y al menos 25 que no han presentado una sola iniciativa en su periodo.
Además, hizo alusión directa a la polémica licencia de Sergio Mayer para participar en un reality show, señalando que estos episodios demuestran la urgencia de establecer criterios formales que impidan el abandono de las funciones parlamentarias por intereses privados.
El calendario sugerido por MC para la autorregulación legislativa establece un descenso progresivo: iniciar con 48 horas obligatorias en 2026 y reducir dos horas anualmente hasta alcanzar las 40 horas en 2030, a la par de la meta nacional. Con este esquema, la oposición busca forzar una votación que ponga a prueba la disciplina institucional de la mayoría parlamentaria en un contexto de alta vigilancia ciudadana.
La iniciativa ahora se encuentra en manos de las comisiones correspondientes, donde se definirá si los representantes populares están dispuestos a someter su propio tiempo de trabajo a las mismas reglas y controles de asistencia que rigen al resto de la fuerza laboral del país.
