El periodista Pedro Ferriz de Con reveló públicamente la existencia de una orden de arresto en su contra, la cual califica como una represalia política derivada de investigaciones publicadas hace casi una década. Según el comunicador, el mandato judicial tiene su origen en las denuncias que realizó sobre presuntos actos de corrupción, robos y malos manejos atribuidos a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI.
Ferriz de Con denunció una estrategia de “detención sorpresa”, asegurando que la orden fue emitida pero no publicada en los registros oficiales para facilitar su captura al momento de ingresar a México. El periodista afirmó que este acto fue posible mediante el presunto pago a un juez, señalando un nivel de corrupción e inestabilidad en el Poder Judicial que, según sus palabras, es más grave que en administraciones pasadas.
Similitudes con el “Caso VANGUARDIA”
El comunicador comparó su situación con la reciente detención de Armando Castilla Galindo, director de Vanguardia, quien fue arrestado en enero de este año en el aeropuerto de Nuevo León bajo acusaciones de fraude que posteriormente fueron desestimadas por un juez. Ambos casos, señala Ferriz, comparten un patrón de:
- Falta de notificación previa al acusado.
- Ejecución en aeropuertos para maximizar el impacto y la vulnerabilidad del detenido.
- Uso del sistema judicial como herramienta de castigo a la labor informativa.
Acciones legales y advertencias
Ante el riesgo inminente, la defensa de Ferriz de Con ya promovió un recurso de amparo. No obstante, el periodista advirtió que sus abogados le notificaron un riesgo procesal: incluso con la suspensión legal, las autoridades podrían retenerlo hasta por 36 horas en el aeropuerto antes de validar la protección, con el fin de “forzar un mal momento”.
Finalmente, el periodista hizo un llamado a la ciudadanía para observar de cerca la independencia del Poder Judicial, sugiriendo que este se encuentra actualmente supeditado al Poder Ejecutivo y al “imperio del dinero”, afectando no solo a figuras públicas, sino a ciudadanos comunes víctimas de detenciones arbitrarias.
