El accidente de un autobús turístico ocurrido en Veracruz puso bajo revisión la situación administrativa de la empresa que organizó el viaje desde Ciudad Juárez.
Autoridades federales podrían imponer una sanción económica si se determina que la operadora brindaba el servicio sin contar con autorización vigente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La legislación federal en materia de autotransporte establece que ofrecer servicio turístico sin permiso puede generar multas que van de 500 a 2 mil Unidades de Medida y Actualización. Con el valor actual, la cifra máxima supera los 230 mil pesos.
Tras el percance en la carretera 145D, donde la unidad impactó un tráiler detenido, surgieron dudas sobre la formalidad de la empresa. La unidad utilizaba placas con formato federal de turismo, pero ese dato no acredita por sí mismo que la agencia tenga registro activo.
Una revisión pública muestra que la marca no figura en el Registro Nacional de Turismo. Tampoco aparece en padrones de asociaciones formales del sector ni cuenta con contrato de adhesión visible ante instancias de protección al consumidor.
La promoción de los viajes se realiza principalmente mediante redes sociales. En distintas páginas de Facebook se anuncian salidas y precios, sin que exista un portal corporativo con información legal detallada.
En antecedentes similares dentro del estado, accidentes vinculados a empresas sin documentación completa derivaron en investigaciones penales y en la suspensión de actividades.
Ahora corresponderá a la autoridad federal verificar permisos, condiciones de operación y seguros vigentes para determinar si procede una multa o alguna otra medida administrativa.
