Un grupo de 18 alcaldes de Nuevo León, tanto de la zona metropolitana como de municipios rurales, acudió al Palacio de Gobierno para presentar un escrito formal en el que exigen a la administración estatal la liberación inmediata de recursos que, aseguran, no han sido transferidos a los ayuntamientos. Los ediles señalaron que los montos retenidos corresponden a participaciones, fondos estatales, multas del Instituto de Control Vehicular y derechos derivados del refrendo vehicular, recursos que deberían entregarse de manera automática conforme a los convenios de coordinación fiscal vigentes.
De acuerdo con los alcaldes, el adeudo acumulado podría alcanzar entre mil 600 y mil 700 millones de pesos, y en algunos casos los retrasos se arrastran desde 2022. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, afirmó que municipios como Monterrey y Escobedo tendrían pendientes cercanos a los 300 millones de pesos cada uno, mientras que San Nicolás reportaría alrededor de 150 millones. Los presidentes municipales advirtieron que la falta de estos recursos afecta directamente la operación de servicios públicos, proyectos de infraestructura, seguridad y otras inversiones prioritarias para la población.
Los munícipes también rechazaron que la situación en la Tesorería estatal pueda utilizarse como argumento para retrasar los pagos y sostuvieron que el Estado tiene la obligación legal de entregar los recursos correspondientes. El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, recordó que anteriormente se había prometido un “borrón y cuenta nueva” en la relación fiscal con los municipios, compromiso que —aseguró— no se ha cumplido. Los alcaldes advirtieron que este pronunciamiento marca el inicio de una ruta legal para reclamar los fondos pendientes y exigieron una respuesta inmediata por parte del gobierno encabezado por Samuel García.
