Apenas dos meses después de que el Gobierno federal presentara como un importante golpe contra el robo de combustible la captura de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, una jueza federal ordenó su liberación al considerar que no existían elementos suficientes para mantener el proceso penal en su contra. La resolución también benefició a otras personas detenidas durante el mismo operativo realizado en Nuevo León, generando un nuevo debate sobre la eficacia de las investigaciones y la integración de las carpetas judiciales.
La decisión fue tomada por la jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, María de los Ángeles Padrón Banda, luego de que previamente un juez concediera un amparo al detectar irregularidades en los cateos efectuados durante el operativo. De acuerdo con la resolución judicial, las inconsistencias en la obtención de pruebas y la falta de elementos suficientes impidieron sostener la acusación, lo que derivó en la liberación de “El Titán” y de los demás implicados.
El caso ha generado críticas debido a que el Gobierno federal había presentado la detención como uno de los mayores avances en el combate al huachicol. La liberación reavivó la discusión sobre la calidad de las investigaciones, el respeto al debido proceso y la necesidad de fortalecer la integración de pruebas para evitar que presuntos integrantes de grupos delictivos recuperen su libertad por fallas legales durante las indagatorias.
