La senadora Lilly Téllez ha lanzado una fuerte acusación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señalándola por presunta traición a la patria tras filtrarse conversaciones secretas. Según las declaraciones, la gobernadora habría ofrecido información confidencial obtenida de las mesas de seguridad estatal al gobierno de los Estados Unidos. Se alega que este intercambio de datos estratégicos tenía como finalidad principal frenar posibles cargos criminales en su contra, evitar una extradición y sortear las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como recuperar la visa que le había sido cancelada por el país vecino.
El caso adquiere mayor gravedad al encuadrarse dentro del artículo 123 del Código Penal Federal, el cual estipula como traición a la patria la entrega dolosa de datos estratégicos a gobiernos extranjeros. De acuerdo con la postura de la senadora, los hechos cumplen a cabalidad con las condiciones del delito, puesto que la información compartida abarca temas sumamente sensibles como órdenes de aprehensión, mapas criminales e inteligencia militar. Téllez enfatiza que no se trató de un error o descuido involuntario, sino de una acción deliberada para utilizar la seguridad pública como moneda de cambio para su beneficio e inmunidad personal.
El panorama se torna aún más complejo ante la reacción del gobierno federal, pues la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó públicamente que no existe delito que perseguir. Para la oposición, esta postura representa un acto de encubrimiento institucional que busca proteger a los integrantes del partido oficialista. La controversia se intensifica a nivel internacional tras las recientes declaraciones del director de la DEA, quien ha advertido sobre una alarmante vinculación entre las redes del crimen organizado y las estructuras de los gobiernos en México, lo que añade tensión a este preocupante escenario político.
