Una denuncia por presuntas actividades con fines políticos, hostigamiento laboral y posibles vulneraciones a derechos de trabajadores fue presentada este miércoles ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por ex integrantes de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes solicitaron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes.
“Hoy quiero levantar la voz. Quiero comenzar haciendo responsable a la subsecretaria Rosa Isela Gaytán Díaz y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de cualquier represalia, intimidación o afectación que pudiera sufrir yo, mis compañeros o nuestras familias como consecuencia de esta denuncia pública”, expresó Jessica Hernández al iniciar su posicionamiento.
Acompañada por otros ex trabajadores, Hernández explicó que la denuncia fue presentada luego de acudir previamente al Secretariado Ejecutivo, al área jurídica de la dependencia y al Órgano Interno de Control, sin obtener —según dijo— una respuesta a los señalamientos expuestos. Indicó que la CEDH fue la instancia que recibió formalmente la queja y señaló que continuarán por las vías legales que correspondan.
Durante la conferencia, la ex trabajadora afirmó que durante aproximadamente un año y medio personal adscrito a la Subsecretaría fue comisionado para desarrollar actividades que, además de sus funciones institucionales, incluían acciones relacionadas con la identificación y registro de líderes sociales y territoriales en distintos sectores de Ciudad Juárez.
“Hace más de un año y medio fuimos comisionados a realizar actividades que además de ser institucionales tenían marcado un carácter político. Contamos con evidencia documental y testimonial de las actividades que se nos instruyó realizar”, señaló.
De acuerdo con su testimonio, parte de esas actividades consistía en registrar a líderes comunitarios en una plataforma interna y posteriormente entregarles artículos con la imagen del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, entre ellos lonas y tazas.
Al ampliar los señalamientos, Hernández aseguró que dentro de la dependencia también existía un mecanismo de afiliación partidista identificado como “1×5”, mediante el cual, afirmó, cada trabajador debía conseguir cinco nuevas afiliaciones para el PAN.
“Se hizo un mecanismo de uno por cinco; yo tenía que juntar cinco personas a fuerzas para que todas se afiliaran”, declaró.
Añadió que ella manifestó su desacuerdo con esa práctica y rechazó participar de manera voluntaria en actividades partidistas.
“No me voy a meter en un partido al que no soy afín. Siempre era yo la que les ponía un pero, la que no estaba de acuerdo”, expresó.
La ex servidora pública indicó que también existía una aplicación identificada como “Yo Participo”, además de recorridos en colonias donde, según dijo, el personal acudía sin distintivos institucionales para localizar e incorporar liderazgos ciudadanos.
“Tenemos fotografías donde aparecemos haciendo esos recorridos. Después nos enteramos para qué eran y yo nunca autoricé que utilizaran mi imagen para eso”, comentó.
Durante la rueda de prensa también fue cuestionada sobre las declaraciones emitidas este mismo día por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, que sostuvo que los procesos de afiliación forman parte de las actividades ordinarias del instituto político.
En respuesta, Hernández sostuvo que, desde su experiencia, las solicitudes de afiliación también eran dirigidas al personal de la Subsecretaría.
“No es cierto. A todos se nos ha exigido dentro de la Secretaría”, respondió.
En materia laboral, relató que uno de los principales conflictos surgió cuando el grupo solicitó ejercer su periodo vacacional correspondiente al mes de julio.
Explicó que inicialmente les informaron que no podrían tomar vacaciones bajo el argumento de que eran trabajadores de reciente ingreso, aunque aseguró que previamente habían recibido el pago de la prima vacacional.
“Cuando pedí un oficio fundamentado de por qué no nos iban a dar vacaciones se hicieron omisos. Después nos dijeron que sí las tomáramos, pero el 3 de agosto, cuando regresamos a laborar, nos notificaron verbalmente que ya no había contrato”, manifestó.
Precisó que los contratos concluyeron el 31 de julio y que la notificación de no renovación fue realizada de manera verbal el 3 de agosto, situación que el grupo considera una represalia por exigir el respeto a sus derechos laborales.
Asimismo, señaló que durante el tiempo que permanecieron bajo el esquema de honorarios mantenían horarios fijos, recibían instrucciones directas y laboraban jornadas que, en ocasiones, se extendían hasta la noche sin recibir pago por horas adicionales.
Hernández afirmó que, además de la denuncia presentada ante la CEDH, solicitaron que las autoridades investiguen posibles casos de nepotismo, conflicto de intereses y tráfico de influencias al interior de la Subsecretaría, al considerar que existen elementos que deben ser revisados por las instancias competentes.
Al ser cuestionada sobre si la denuncia tenía motivaciones políticas o respondía a un conflicto partidista, rechazó esa versión y aseguró que el objetivo es que los hechos sean investigados.
“Yo no soy de ningún partido. Lo que buscamos es que dejen de hacerse abusos y que se respeten los derechos laborales de las personas”, afirmó.
También explicó por qué decidieron acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos antes de promover únicamente acciones laborales.
“Sabíamos que si solamente presentábamos una demanda laboral el hostigamiento iba a continuar. El hecho de acudir a Derechos Humanos nos hace sentir un poco más protegidos”, señaló.
La ex trabajadora agregó que el propósito de la denuncia no es recuperar su empleo dentro de la dependencia.
“Ya no sería viable regresar después de todo lo que pasó. Lo que queremos es que esto quede en evidencia y que se deje de hacer”, expresó.
La denuncia ocurre dos días después de que elementos de la Policía Bancaria hicieran públicos señalamientos sobre la solicitud de copias de su credencial para votar y del porte de arma para recibir uniformes, además de expresar inquietud por una presunta petición para difundir material relacionado con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.
Al ser consultado previamente sobre ese caso, el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, dijo que no tenía conocimiento de actividades con fines políticos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y señaló que, hasta ese momento, únicamente conocía al titular de la dependencia enfocado en temas de seguridad, por lo que esperaría contar con mayor información antes de emitir una postura.
Los ex trabajadores informaron que continuarán con los procedimientos iniciados ante la CEDH y otras instancias competentes, mientras ponen a disposición la documentación y los elementos que, aseguran, respaldan los señalamientos expuestos.
