Ciudad Juárez.- Las denuncias por cobros indebidos y malos tratos en retenes federales de la carretera Juárez-Chihuahua provocaron ayer jueves nuevas exigencias de revisión desde los gobiernos municipal y estatal, además del Congreso federal.
Transportistas y usuarios han señalado inspecciones repetidas, solicitudes de dinero y falta de información sobre algunos puntos de control.
El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, anunció que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre la ubicación y operación de esos retenes. Señaló que las revisiones destinadas a detectar drogas u otras actividades ilícitas no deberían generar molestias innecesarias ni conductas irregulares.
Las quejas ya habían llegado al Gobierno del Estado. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, informó que durante una reunión realizada el martes en Ciudad Juárez plantearon ante mandos de la FGR reportes sobre maltrato y presuntos cobros para permitir continuar los viajes.
El tema también llegará a la Cámara de Diputados. Alejandro Domínguez, legislador federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que en septiembre propondrán presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante revisiones realizadas por corporaciones federales.
Domínguez cuestionó la falta de señalización, identificación y criterios claros en algunos retenes. Consideró necesario establecer procedimientos que permitan mantener las revisiones de seguridad sin vulnerar derechos de quienes transitan por la carretera federal 45.
Operativos similares han sido reportados durante otros meses de 2026, especialmente en tramos próximos a Villa Ahumada. Las autoridades federales han sostenido que estos dispositivos buscan reforzar la vigilancia y detectar posibles actividades
