Por Janeth Escobedo Román
“La educación es un derecho, pero para muchas familias ejercerlo empieza con una cuenta que no siempre pueden pagar.”
Cada año, mientras los estudiantes se preparan para iniciar un nuevo ciclo escolar, en muchos hogares comienza otro proceso: hacer cuentas. Útiles, uniformes, zapatos, mochilas, transporte y materiales son parte de una lista que debe cubrirse antes de que los salones vuelvan a llenarse.
Para algunos estudiantes, estrenar una mochila o elegir sus cuadernos forma parte de la emoción de comenzar un nuevo ciclo. Para otros, significa reutilizar lo que todavía sirve, buscar opciones más económicas o decidir qué puede comprarse ahora y qué tendrá que esperar.
Y es que hablar de educación también implica hablar de economía.
El gasto no termina en una lista de útiles. Hay familias que deben considerar el transporte diario, uniformes, calzado, materiales para actividades, cuotas y, en algunos casos, dispositivos electrónicos para realizar tareas. Cada uno de estos gastos puede parecer pequeño por separado, pero juntos representan una cantidad que no todos los hogares pueden cubrir con facilidad.
En Ciudad Juárez, donde las familias enfrentan gastos de vivienda, alimentación, transporte y servicios, el inicio del ciclo escolar se suma a una economía doméstica que ya tiene que distribuir cada peso.
La pregunta entonces es inevitable: ¿qué ocurre con los estudiantes cuyas familias no pueden cubrir todo lo que se necesita para estudiar?
Muchas veces, las familias encuentran la manera. Se reutilizan uniformes, se heredan mochilas, se compran libros usados, se aprovechan promociones o se recurre al crédito. Madres, padres y tutores hacen ajustes en otros gastos porque consideran que la educación de sus hijos no puede quedar en segundo plano.
Ese esfuerzo merece ser reconocido, pero también debería hacernos pensar en algo más.
La educación es un derecho. Sin embargo, ejercerlo no depende únicamente de que exista una escuela y un lugar disponible dentro de un salón. Un estudiante necesita materiales, alimentación, transporte y condiciones que le permitan concentrarse en aprender.
Cuando esas condiciones faltan, las oportunidades tampoco son iguales.
La educación también representa una posibilidad de cambiar las condiciones con las que una persona comienza su vida. Para muchas familias, enviar a sus hijos a la escuela significa apostar por un futuro en el que puedan acceder a mejores empleos y tener mayores posibilidades de decidir sobre su propio camino. Por eso, cuando las condiciones económicas dificultan estudiar, no solo se afecta el presente de un estudiante, también se limitan algunas de sus posibilidades para el futuro.
Dos estudiantes pueden sentarse en el mismo salón, recibir la misma clase y tener al mismo profesor, pero llegar a la escuela desde realidades completamente distintas. Mientras uno puede contar con internet, computadora, útiles nuevos y transporte, otro quizá tenga que compartir un teléfono, caminar largas distancias o trabajar después de clases para ayudar en casa.
La diferencia no siempre se ve en el uniforme, pero sí puede aparecer en las oportunidades que cada estudiante tiene para avanzar.
Por eso, esta temporada debería servir para discutir algo más que las compras. También debería llevarnos a cuestionar qué estamos haciendo para evitar que la situación económica de una familia determine hasta dónde puede llegar un estudiante.
Las autoridades tienen una responsabilidad, pero también la sociedad. Si entendemos la educación como una herramienta para reducir desigualdades, entonces garantizar el acceso debe significar algo más que abrir las puertas de una escuela.
No se trata de que todas las familias tengan exactamente lo mismo. Se trata de que ningún estudiante tenga que comenzar el ciclo escolar en desventaja simplemente porque en su casa no alcanzó el dinero.
Porque una mochila puede ser nueva o usada. Un cuaderno puede ser del año pasado o de este. Eso no debería definir el futuro de nadie.
Pero cuando las condiciones económicas comienzan a determinar quién puede estudiar, quién puede continuar y quién tiene más posibilidades de aprovechar lo aprendido, el problema deja de ser una lista de útiles.
Se convierte en una pregunta sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.
Porque si para estudiar hay que poder pagar primero, entonces no estamos hablando de igualdad de oportunidades. Estamos hablando de quién puede permitirse tenerlas.
