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13 de octubre 2026
2:38 pm

Dirección: Héctor Javier Mendoza Zubiate

Chihuahua endurece sanciones: hasta 15 años de cárcel por cohabitación forzada con menores

H. Cd. Chihuahua.- El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas para incorporar al Código Penal el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, con sanciones de ocho a 15 años de prisión y multas de mil a dos mil 500 días. La medida busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las uniones informales que vulneran sus derechos, incluso cuando se presentan como prácticas tradicionales o se realizan fuera de los registros oficiales. La diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Justicia, señaló que esta problemática constituye un desafío de derechos humanos que requiere acciones para prevenirla y sancionarla.

De acuerdo con los argumentos presentados durante la aprobación del dictamen, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la incidencia de esta práctica, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que, de mantenerse la tendencia actual, su erradicación podría tardar alrededor de 300 años. En Chihuahua, durante 2024 se registraron 3 mil 114 nacimientos de madres menores de 18 años, de los cuales en mil 873 casos el padre era mayor de edad; además, mil 228 de las madres tenían menos de 14 años al momento del parto. Estas cifras reflejan los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes, entre ellos la violencia, la interrupción de sus estudios y las afectaciones a su desarrollo integral.

La reforma establece sanciones para quienes obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u oferten a menores de edad para establecer una unión informal o basada en costumbres, con una convivencia constante similar a la de un matrimonio, independientemente de que exista consentimiento. Las penas aumentarán una tercera parte cuando el responsable sea un padre, ascendiente, tutor o persona encargada de la guarda y custodia de la víctima. Asimismo, se contemplan mecanismos para detectar posibles casos, facilitar las denuncias ante el Ministerio Público y garantizar a las víctimas atención psicológica, asesoría jurídica y medidas de protección para prevenir represalias. Los cambios también incluyen disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.(En Blanco y Negro)

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