- Jáuregui, el expediente y el video
- Romero, Daniela, Maru y Bonilla, cada uno con su paraguas
- Sheinbaum y la sentencia de micrófono
- Juárez y el BOTA: la economía no cruza con discursos
JÁUREGUI, EL EXPEDIENTE Y EL VIDEO
A CÉSAR JÁUREGUI le alcanzó el domingo para conseguir una nada despreciable resolución que le permitía enfrentar en libertad el proceso estatal, pero no para volver tranquilamente a su casa, porque la causa federal por presunta traición a la patria le puso otro candado al asunto. Son dos procedimientos distintos, aunque en la grilla los hayan echado a la misma licuadora para servir un licuado de culpabilidad instantánea, de esos que se preparan antes de lavar la fruta.
En la causa local quedó pendiente para el jueves 22 la decisión sobre su vinculación a proceso, además de que el juez frenó la incorporación de declaraciones cuestionadas por la defensa, entre ellas la del testigo identificado como Azul, cuya presentación no había sido debidamente notificada. Eso no absuelve a JÁUREGUI, pero recuerda algo que a las fiscalías suele causarles agruras: las pruebas también tienen reglas y el expediente no se integra aventando papeles como confeti.
La declaración ante el juez, difundida en un video presentado como íntegro y retomada por distintos medios, merece más atención que el recortadero de frases para las redes. Según los reportes de esa intervención, JÁUREGUI denuncia motivaciones políticas, niega que existan pruebas que lo relacionen con conductas ilegales y sostiene que su renuncia buscó permitir una investigación sin interferencias desde la oficina del fiscal. Es su versión de defensa, una pieza indispensable para discutir el caso sin convertir la conversación pública en tribunal de linchamiento.
Su argumento políticamente más incómodo consiste en recordar que el operativo de El Pinal golpeó un enorme centro de producción de drogas y preguntar qué trato habría recibido PEDRO ROMÁN OSEGUERA, el mando policial fallecido, si hubiera sobrevivido. La pregunta pega donde duele, porque obliga a explicar cómo una acción presumida por sus resultados acabó convertida en un pleito donde todos buscan salir de la fotografía, como invitados que descubren que la cuenta del restaurante viene sin descuento.
Claro que un resultado contra el narcotráfico tampoco vuelve opcionales las autorizaciones para colaborar con agentes extranjeros, y ahí JÁUREGUI tendrá que responder con hechos, documentos y argumentos jurídicos. Pero la Fiscalía también tendrá que acreditar responsabilidades individuales, porque una cosa es investigar quién autorizó qué y otra colgarle a una sola persona todas las llaves del edificio para que los demás puedan jurar que ni conocían la puerta.
ROMERO, DANIELA, MARU Y BONILLA, CADA UNO CON SU PARAGUAS
Ayer, JORGE ROMERO cuestionó tanto el encuadre de la acusación federal como el momento de su ejecución, después de meses transcurridos desde abril. Su objeción política tiene sentido, aunque llamar anticuado a un delito no lo borra del Código Penal, por mucho que el dirigente le sople el polvo frente a las cámaras. Lo que debe demostrar la autoridad es que la conducta encaja en la ley vigente, porque tampoco basta gritar patria tres veces para que aparezcan las pruebas.
DANIELA ÁLVAREZ pidió que los jueces resolvieran con pruebas y acusó cálculo político en la intervención federal, mientras llamó a cerrar filas dentro del PAN. Hasta ahí, el libreto de una dirigente que necesita defender el debido proceso y, al mismo tiempo, impedir que sus compañeros se arranquen las orejas en público, porque la unidad panista empieza a parecer vajilla de casa donde ya volaron tres platos, pero la anfitriona insiste en que todos están pasando una tarde preciosa.
MARU CAMPOS defendió la actuación institucional y sostuvo que nadie que haya servido en su Gobierno está por encima de la ley. El principio es correcto y también obliga a revisar toda la cadena de decisiones, porque la responsabilidad de una Gobernadora incluye explicar cómo funcionaban sus instituciones, qué controles existían y cuándo recibió información, aunque la fórmula de lavarse las manos siga siendo la política pública más practicada del país.
MARCO BONILLA, más empático con su compañero de partido en desgracia, reclamó respeto a la presunción de inocencia, cumplimiento del debido proceso y una aplicación pareja de la ley, además de considerar desproporcionada la acusación federal. También lanzó señalamientos contra MORENA que corresponden a su discurso partidista y deben probarse si pretenden pasar del mitin al expediente, porque combatir una condena anticipada repartiendo otras tampoco compone la justicia, apenas cambia al encargado de la pedrada.
Los cuatro hablaron del mismo asunto, pero dejaron ver preocupaciones distintas: ROMERO cuestiona a la Federación, DANIELA intenta mantener entero al partido, MARU defiende a su administración y BONILLA procura que el incendio no le alcance el proyecto político. La lectura es inevitable: todos piden orden mientras revisan dónde quedó el extinguidor y, sobre todo, a nombre de quién está la póliza.
SHEINBAUM Y LA SENTENCIA DE MICRÓFONO
Y entonces aparece CLAUDIA SHEINBAUM desde la mañanera, con esa facilidad del poder para confundir su deber de informar con impartir justicia, a preguntar cómo un fiscal puede ser el primero en violar la ley. Ahí está el problema, Presidenta: la pregunta ya lleva la culpabilidad empacada, etiquetada y lista para entregar, mientras el proceso apenas está discutiendo qué se puede probar.
La presunción de inocencia no es una cortesía que Palacio concede cuando amaneció de buenas; es un derecho constitucional que subsiste mientras un juez no declare la responsabilidad mediante sentencia. Desde esta columna, presentar como infractor a quien todavía enfrenta acusaciones atropella ese principio, por más que la frase llegue arropada en una explicación sobre soberanía y acompañada del escudo nacional. (Artículo 20 constitucional).
SHEINBAUM puede exigir que se investigue y explicar las restricciones a la participación de agentes extranjeros; tiene atribuciones y razones para hacerlo, pero hablar de una violación atribuida al exfiscal como asunto resuelto es ponerse la toga de juez encima del traje presidencial. Con semejante eficiencia, cualquier día anunciarán que, para ahorrar recursos, los juzgados serán sustituidos por una sección de la mañanera y la apelación se recibirá al terminar las preguntas.
La soberanía merece una defensa seria, con instituciones capaces de investigar y jueces capaces de decidir, porque usada como garrote de conferencia mañanera termina pareciéndose al paraguas del funcionario: lo abre para su cabeza y deja que el ciudadano se empape. A JÁUREGUI le corresponde defenderse y a las fiscalías probar sus acusaciones, mientras a la Presidenta le toca recordar que tener el micrófono más poderoso del país aumenta su obligación de medir las palabras.
Y mientras los políticos se disputan quién administra la patria, Juárez necesita que alguien se ocupe de cómo va a seguir trabajando, porque la ciudad no paga salarios con declaraciones solemnes ni llena el refrigerador con comunicados de unidad.
JUÁREZ Y EL BOTA: LA ECONOMÍA NO CRUZA CON DISCURSOS
La economía juarense llega al debate del BOTA o Puente Libre con una herida laboral que todavía está cerrando. Un reporte publicado en agosto, basado en cifras del INEGI, registró una recuperación de 2 mil 617 empleos maquiladores durante junio, hasta alcanzar 253 mil 863 personas ocupadas, después de una contracción acumulada superior a 72 mil plazas en tres años, de modo que aquel repunte daba un respiro, aunque todavía estaba lejos de significar que la enfermedad hubiera terminado.
Detrás de cada puesto industrial hay consumo en tiendas, transporte, comida, vivienda y servicios. Por eso, un ajuste en las plantas acaba sintiéndose en negocios que nunca han exportado un tornillo. Cuando se reduce la nómina, la ciudad entera hace cuentas más pequeñas, desde el proveedor hasta quien vende los burritos, que podrá tener mucho sazón, pero todavía no descubre cómo cobrarle a una promesa de inversión.
Por eso conviene precisar el tamaño del problema del Puente Libre: el proyecto contempla terminar el procesamiento de carga comercial al comenzar las obras, previstas para principios de 2028, con conclusión de la modernización en el verano de 2031. No es un anuncio de cierre total inmediato para automovilistas y peatones, aunque retirar la carga sí puede alterar profundamente el funcionamiento económico de la frontera. (Calendario de la GSA).
El primer golpe sería logístico, porque trasladar operaciones a Zaragoza, Santa Teresa o Tornillo puede significar recorridos adicionales, peajes, combustible, horas de operador y ajustes en patios, almacenes y despachos. Las empresas que dependen de entregas sincronizadas tendrían que decidir cuánto inventario extra guardar y cuánto dinero inmovilizar para cubrir retrasos, pues el famoso justo a tiempo se vuelve bastante menos presumible cuando la pieza llega justo después de que se detuvo la línea.
La afectación sería desigual: una planta cercana a una ruta alternativa tendría más margen que otra organizada alrededor del Libre, y una gran empresa podría negociar condiciones que un transportista pequeño o un importador con poca liquidez difícilmente conseguiría. Para estos últimos, cada vuelta adicional puede comerse una parte considerable de la utilidad, porque el diésel no acepta que le expliquen lo estratégico que es el nearshoring.
También está el posible traslado a precios. La CANACO local advirtió este mes que desviar importaciones podría encarecer mercancías y señaló una elevada dependencia del abasto extranjero. El tamaño del aumento dependería del producto, la ruta y la competencia, pero sería ingenuo imaginar que toda la factura quedaría encerrada en las oficinas del transportista. Las facturas suelen tener una vocación admirable para encontrar la cartera del consumidor.
El riesgo mayor aparece cuando la congestión deja de ser una molestia y empieza a modificar decisiones de inversión, porque una empresa puede soportar un retraso ocasional, pero una operación permanentemente más costosa e impredecible pesa al decidir dónde ampliar producción. El peligro para Juárez no se limita a que alguna planta se vaya; también incluye las ampliaciones que podrían hacerse en otra frontera y los empleos que aquí nunca llegarían a abrirse.
La Cámara de El Paso, al divulgar el estudio que encargó al Hunt Institute de UTEP, advierte una posible fuga del 10.9 % de la actividad comercial hacia otras regiones fronterizas y un adelanto de 2034 a 2031 en la saturación prevista de los puertos regionales si no se amplían otras instalaciones. Son escenarios del estudio, sujetos a sus supuestos, pero suficientemente serios para dejar de tratar el asunto como otra reunión que puede posponerse hasta después del desayuno. (Hallazgos publicados por la Cámara de El Paso).
Hay que cuidar también el carnaval de las cifras, porque el valor de mercancías que cambia de ruta no equivale automáticamente a una pérdida del mismo tamaño en la economía juarense, ni una estimación para el condado de El Paso puede presentarse como desempleo calculado para Juárez. Inflar los números ayuda a conseguir un encabezado y dificulta construir una negociación, como quien va al médico y exagera la fiebre hasta que el termómetro pide vacaciones.
Existe además un argumento ambiental que merece respeto: retirar camiones puede aliviar la exposición de vecinos del BOTA, aunque trasladarlos sin una solución regional podría aumentar recorridos, filas y emisiones en otros puntos. La propia Cámara de El Paso recoge ese riesgo de redistribución de la contaminación, por lo que limpiar una ventana mandando el humo al patio del vecino sería una forma bastante creativa de presumir aire puro.
Para los automovilistas, conservar el cruce tampoco significa quedar inmunes, porque los cambios en rutas de carga pueden presionar vialidades y accesos a otros puentes, mientras que una mejora efectiva en la circulación del BOTA podría beneficiar a sus usuarios. El balance dependerá de cómo se ejecuten las obras y de qué capacidad alternativa exista, no del entusiasmo con que se corte el listón.
Juárez necesita una negociación binacional con opciones concretas para preservar capacidad comercial y, al mismo tiempo, una preparación verificable para cualquier escenario, con carriles, personal aduanero, horarios compatibles, accesos y recursos. Abrir una caseta sin tener quien revise equivale a inaugurar una taquería sin taquero: muy bonita la lona, pero nadie cena.
La respuesta económica también debe ir más allá del puente, con apoyo para que proveedores locales entren a cadenas industriales, capacitación para trabajadores desplazados y mejores condiciones de energía, agua, seguridad e infraestructura. Depender tanto de la manufactura de exportación exige cuidar ese motor y desarrollar otros ingresos, porque llevar todos los huevos en una canasta resulta todavía más arriesgado cuando la canasta hace fila en la aduana.
A los tres órdenes de Gobierno les corresponde poner responsables, presupuesto y fechas sobre la mesa, porque Juárez ya conoce de memoria la colección de funcionarios que viene a decir cuánto aporta esta frontera y se retira antes de explicar cuánto piensa invertirle. Para presumirla como motor económico siempre hay voluntarios; para pagarle el mantenimiento parece que todos dejaron la cartera en el otro pantalón.
COLOFÓN
En Chihuahua sobran quienes quieren defender la patria desde una cámara y escasean quienes pueden explicar cómo defenderán el trabajo desde una aduana, mie
