H. Cd. Chihuahua.- Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) puso al descubierto un presunto esquema de favoritismo que involucra a la actual dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y a una misteriosa microempresa con sede en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Se trata de Grupo Maferefun S.A. de C.V., una compañía constituida en 2019 con un capital social de apenas 50 mil pesos y clasificada formalmente como microempresa, lo que significa que legalmente no debería generar ingresos superiores a los 4 millones de pesos anuales. A pesar de estas evidentes limitaciones operativas y de infraestructura, la firma logró convertirse en una de las principales y más lucrativas proveedoras del gobierno federal en materia de logística y banquetes.
El éxito financiero de esta pequeña comercializadora detonó principalmente bajo la gestión de Montiel al frente de la Secretaría del Bienestar, periodo en el que la dependencia le otorgó contratos que rebasan los 190 millones de pesos (y que en el acumulado global de dependencias federales supera los 307 millones de pesos sin IVA). Las adjudicaciones tuvieron como objetivo la entrega de abarrotes, alimentos y box lunches destinados a los masivos eventos de los programas sociales del gobierno. Lo que llama la atención de los investigadores es que este flujo de dinero público no se detuvo tras la salida de Montiel de la secretaría; por el contrario, una vez que asumió la dirigencia del partido guinda, Grupo Maferefun se dio de alta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para seguir operando, ahora como proveedor directo del partido político, logrando un contrato inmediato de 11.4 millones de pesos para la organización de un mitin en el World Trade Center.
Este caso se suma a un historial de cuestionamientos que arrastra la administración de la actual líder partidista, quien ya en agosto de 2023 enfrentaba denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos desvíos que ascendían a los 6,000 millones de pesos en cuentas públicas anteriores. La triangulación de recursos hacia una empresa con nula capacidad fiscal para sostener adjudicaciones de tal magnitud vuelve a encender las alarmas sobre los mecanismos de fiscalización del gasto público. Hasta el momento, las auditorías exponen cómo una modesta bodega de abarrotes terminó consolidando un imperio de más de 322 millones de pesos gracias a sus oportunos vínculos con las altas esferas del poder político actual.(En Blanco y Negro)
