- La inflación no come discursos
- El frijol también tiene dignidad
- La credencial quedó esperando
- La Sierra no cabe en una conferencia
- La justicia también bajó la cortina
LA INFLACIÓN NO COME DISCURSOS
La inflación anual de octubre llegó a 3.75 por ciento y encadenó tres meses de aceleración, una noticia que en las oficinas públicas cabe en una gráfica y en las casas obliga a volver a hacer cuentas, porque el mandado tiene la mala costumbre de no aceptar explicaciones macroeconómicas como forma de pago.
El porcentaje nacional tampoco significa que todos los productos subieron lo mismo ni que cada familia resintió idéntico golpe, pero esa precisión estadística sirve de poco cuando los gastos que más pesan en una casa son precisamente los que se ponen difíciles, de modo que al trabajador le toca practicar el deporte nacional de estirar la cobija sin dejar descubiertos los pies.
En Ciudad Juárez, el asunto merece más atención que el consabido comentario sobre lo caro que está todo, porque una economía fronteriza obliga a mirar salarios, precios en pesos, referencias en dólares y capacidad de consumo, mientras la conversación política suele conformarse con anunciar inversiones como si el dinero prometido ya estuviera haciendo fila en la caja del supermercado.
El Gobierno federal puede presumir los indicadores que le acomoden, pero su examen ocurre cuando se paga la despensa y todavía falta para la quincena, ahí donde las familias distinguen perfectamente entre una inflación que baja y unos precios que bajan, diferencia que algunos funcionarios parecen olvidar por conveniencia, porque una cosa es explicar el termómetro y otra muy distinta quitar la calentura.
EL FRIJOL TAMBIÉN TIENE DIGNIDAD
Productores de Chihuahua y Zacatecas denunciaron que el precio recibido en centros de acopio cayó de 27 a 20 pesos por kilogramo, siete pesos de diferencia que desde un escritorio pueden parecer una corrección y desde una parcela representan el agujero por donde se escapa la ganancia, suponiendo que todavía quede alguna después de pagar la cosecha.
Conviene ponerle nombre correcto al problema, porque no se está hablando de una rebaja automática en la bolsa que compra la familia, sino del ingreso que recibe quien produce, de manera que vender más barato en el campo no garantiza comprar más barato en la tienda, aunque entre ambos extremos siempre aparezca alguien dispuesto a explicar que el mercado es muy misterioso.
Los agricultores aseguran que ese monto no alcanza para recuperar los costos y anuncian movilizaciones, una combinación que debería encender las alarmas antes de que la protesta llegue al asfalto, porque después resulta facilísimo regañar al productor por bloquear y dificilísimo recordar cuántas puertas encontró cerradas cuando todavía llevaba la petición bajo el brazo.
La autoridad tiene que aclarar quién fijó el precio, en qué condiciones opera el acopio y cómo se sostendrá la rentabilidad del cultivo, pues declarar estratégico al campo mientras se deja al sembrador haciendo milagros es una manera muy elegante de ofrecerle sombrero al que necesita agua, y ya se sabe que nadie cosecha con puras palmadas.
LA CREDENCIAL QUEDÓ ESPERANDO
El paro de trabajadores del INE suspendió la atención en buena parte de los módulos de Chihuahua y dejó apenas seis centros reportados en operación, una interrupción que para el ciudadano se traduce en citas perdidas, traslados y permisos laborales desperdiciados, porque la burocracia siempre encuentra cómo cobrarle tiempo al que menos tiene.
Detrás de la protesta hay demandas de homologación salarial, personal suficiente y mejores condiciones de trabajo, asuntos que merecen algo más serio que la respuesta automática de defender a la institución como si revisar su funcionamiento equivaliera a querer derrumbarla, cuando precisamente una institución se debilita si exige profesionalismo y administra precariedades.
La credencial del INE sirve para votar, pero también abre la puerta de bancos, empleos y trámites cotidianos, por lo que cerrar un módulo no detiene solamente un procedimiento electoral, también le atraviesa una silla al ciudadano que necesita acreditar quién es para resolver asuntos bastante más urgentes que las querellas de los partidos.
A la dirección del instituto le corresponde explicar qué puede atender, qué recursos necesita y cuándo normalizará el servicio, mientras sus trabajadores deben mantener clara la información para los usuarios, porque en este pleito el ciudadano no puede convertirse en rehén ni en mensajero; bastante tiene con sacar copia de todo para que todavía lo manden a preguntar mañana.
LA SIERRA NO CABE EN UNA CONFERENCIA
Las noticias sobre familias desplazadas en Guadalupe y Calvo vuelven a exhibir el tamaño de una crisis que no se resuelve colocando más siglas en una mesa de seguridad, porque abandonar la casa para salvar la vida significa que la protección del Estado llegó tarde o no alcanzó, por mucho que el comunicado salga temprano y con fotografía.
Cuando una familia huye, también deja la escuela, la parcela, los animales y las redes que le permiten vivir, de modo que entregar alimentos y cobijas es indispensable, pero insuficiente, pues nadie recupera su comunidad con una despensa ni vuelve a dormir tranquilo porque un funcionario anuncie que ahora sí habrá coordinación.
La disputa por atribuir responsabilidades entre autoridades municipales, estatales y federales puede entretener a los cuarteles partidistas, pero para los desplazados tiene la utilidad de una sombrilla agujerada, porque mientras los gobiernos discuten a quién le toca contestar, los grupos armados ya decidieron quién puede quedarse.
La medida del resultado debe ser el retorno voluntario y seguro, acompañado de investigación y garantías que duren después de retirar las cámaras, porque regresar gente para presumir normalidad sin quitar el peligro sería cambiarle de nombre al abandono, y el horno serrano no está para bollos ni para otra colección de promesas.
LA JUSTICIA TAMBIÉN BAJÓ LA CORTINA
Unos 350 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez mantuvieron el paro contra las evaluaciones previstas para diciembre, mientras este lunes quedaron suspendidos plazos y términos procesales y continuaron las guardias para asuntos urgentes, una escena que vuelve tangible el conflicto para cualquiera que tenga un expediente esperando movimiento.
Evaluar al personal público puede ser razonable, pero la palabra evaluación no convierte por arte de magia cualquier procedimiento en justo, transparente y útil, pues hacen falta criterios verificables, garantías de defensa y claridad sobre las consecuencias, porque hasta el examen mejor anunciado puede terminar como traje a la medida si nadie revisa las costuras.
Los trabajadores denuncian riesgos para su antigüedad y derechos laborales, señalamientos que deben examinarse con documentos y respuestas concretas, mientras la autoridad tiene la obligación de acreditar cómo mejorará el servicio, porque ni la antigüedad prueba por sí sola el buen desempeño ni la novedad administrativa garantiza que se acabaron las mañas.
En una frontera donde un amparo puede tocar la libertad personal o la situación de una persona migrante, la suspensión judicial tiene un peso que rebasa la discusión interna. Por eso, mantener las urgencias es indispensable y resolver el conflicto también, ya que la justicia que tarda demasiado termina pareciéndose a esa medicina que llega cuando el enfermo ya empeñó hasta la cama.
