Ciudad Juárez.- La acusación por traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue cuestionada por tres periodistas, quienes señalaron presuntas inconsistencias en la investigación y plantearon la posibilidad de que existan intereses políticos detrás de su encarcelamiento.
Durante una mesa de análisis de Código Magenta, Ramón Alberto Garza, Rodrigo Carbajal y Alejandro Fuentes abordaron el proceso judicial que mantiene al exfuncionario privado de su libertad.
Carbajal sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con elementos suficientes para demostrar que Jáuregui autorizó la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas.
Según el periodista, aunque la investigación reunió más de 40 testimonios, ninguno acredita que el exfiscal haya dado instrucciones mediante documentos oficiales, mensajes o comunicaciones verbales.
“No hay pruebas”, afirmó.
También señaló que los agentes extranjeros estuvieron acompañados por Guillermo Arturo Suani Portillo, entonces fiscal de Operaciones Especiales, y no por Jáuregui.
Por otra parte, Garza planteó que el caso podría tener un trasfondo político, relacionado con las diferencias entre la gobernadora Maru Campos y el exfiscal por sus aspiraciones a la alcaldía de Chihuahua.
El periodista mencionó además el respaldo político de la mandataria hacia Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, como parte del contexto de la sucesión electoral.
Los participantes también especularon sobre posibles acuerdos entre los gobiernos estatal y federal, sin presentar pruebas que confirmaran esa hipótesis.
Mientras tanto, Fuentes cuestionó la acusación a partir de los mecanismos de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos.
Garza advirtió que el procedimiento podría adquirir repercusiones internacionales y lo comparó con las tensiones diplomáticas derivadas del caso del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena.
Los señalamientos corresponden a interpretaciones de los periodistas y no constituyen determinaciones judiciales sobre la legalidad de la acusación.





