Catalina “Xóchitl” Santiago, reconocida organizadora comunitaria y beneficiaria del programa federal DACA, fue detenida la madrugada del domingo 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por agentes de la Patrulla Fronteriza, en un hecho que ha generado fuertes reacciones en sectores defensores de los derechos de los inmigrantes.
De acuerdo con testigos, la joven activista —quien cuenta con permiso vigente de trabajo y protección contra la deportación bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)— se disponía a abordar un vuelo doméstico con destino a otra ciudad de Estados Unidos por motivos laborales.
Sin embargo, alrededor de las 4:00 de la mañana, hora local, fue interceptada por dos agentes, quienes le solicitaron documentación y procedieron a su detención, pese a que mostró su credencial vigente emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Fuentes cercanas señalaron que los agentes no presentaron orden judicial ni explicaron las razones legales de su retención. Tras el arresto, Santiago fue trasladada a un centro de procesamiento migratorio en El Paso, donde permanece bajo custodia.
La noticia provocó una inmediata movilización de familiares, amistades y organizaciones comunitarias, quienes iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos legales de su defensa, así como su cuidado y recuperación una vez que recupere la libertad.
“Xóchitl ha dedicado más de una década a trabajar por la dignidad y el respeto de las comunidades inmigrantes, desde Florida hasta Texas. Ha sido una voz incansable contra la injusticia y la criminalización de nuestra gente”, expresó el colectivo Movimiento Cosecha, con el que colaboró durante años como voluntaria, en un comunicado emitido la tarde del domingo.
Actualmente, Santiago desarrolla su labor en El Paso apoyando a familias inmigrantes en situación vulnerable, y es considerada una figura clave en redes de apoyo locales. Su detención, según el pronunciamiento del movimiento, es parte de una estrategia de intimidación contra líderes comunitarios.
“Estos ataques no son nuevos, pero la administración Trump ha llevado estas tácticas a niveles sin precedentes. Ahora nos toca a nosotras y nosotros responder por ella, exigir su liberación y garantizar que la persecución política no se normalice”, enfatizó la organización.
La defensa legal de Santiago advierte que, a pesar de su estatus bajo DACA, la detención podría desencadenar un proceso migratorio prolongado y costoso. Por ello, han hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional para contribuir económicamente a su causa y ejercer presión pública sobre las autoridades migratorias.
