H. Cd. de Chihuahua.-La dirigente magisterial de la Sección 8 del SNTE, Rosa Lilia Cardona Muñoz, denunció que por tercera ocasión le fue negada la entrega del Bono Docente, situación que atribuye a una decisión conjunta entre autoridades de la Sección 8 y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). La maestra recordó que, junto con docentes jubilados democráticos, impulsó desde 2022 diversas gestiones y movilizaciones para mejorar esta prestación, cuyo monto permaneció sin incremento durante casi dos décadas.
Gracias a esas acciones, señaló, se logró que el bono se entregara el 15 de mayo en lugar de diciembre, que su monto se actualizara conforme a la inflación y que en 2026 se homologara con el de la Sección 42, aumentando de 2 mil 700 a 3 mil pesos anuales. Este beneficio alcanza a más de 6 mil 200 maestros jubilados de la Delegación Chihuahua y se extiende a las 15 delegaciones de jubilados de la Sección 8 en el estado, así como al personal administrativo y de apoyo.
Cardona Muñoz afirmó que existe un acto de represalia contra quienes han participado en la defensa de mejores prestaciones para jubilados y pensionados. Señaló directamente al secretario general de la Sección 8, profesor Eduardo Antonio Zendejas Amparán, de actuar en contubernio con autoridades de SEECH para impedir la entrega del bono. Indicó que, además de ella, el maestro Jesús Arroyo Rodríguez y otros 37 docentes que participaron en el movimiento magisterial de jubilados resultaron afectados. Por su parte, la secretaria general de la DIV1, maestra Adela Villalobos, manifestó desconocer las causas de la retención de los cheques.
La dirigente magisterial cuestionó la falta de respaldo sindical hacia los trabajadores afectados y sostuvo que la legitimidad de una organización sindical se construye con resultados concretos, transparencia y defensa de sus agremiados. Subrayó que un sindicato democrático debe rendir cuentas y demostrar que sus negociaciones generan mejores condiciones laborales y económicas para sus afiliados, advirtiendo que no debe existir represión ni violencia institucional contra quienes mantienen posturas distintas a la línea oficial.
