H. Cd. Chihuahua.- El caso conocido mediáticamente como los “Cornell 7” involucra a siete exintegrantes de la fraternidad Chi Phi de la prestigiosa Universidad de Cornell, quienes enfrentan una demanda civil. Según el recurso presentado a mediados de septiembre ante un tribunal de Nueva York, una exalumna acusó al grupo de haberla sometido a agresiones físicas graves e intoxicación forzada en la sede de la fraternidad durante octubre de 2024. Aunque inicialmente las autoridades locales desestimaron el caso penal aduciendo falta de pruebas suficientes, la reciente acción legal privada sacó a la luz pública los pormenores del suceso y puso bajo la lupa tanto la respuesta interna de la institución académica como el actuar de la fiscalía inicial.
La controversia ha cobrado una gran magnitud en redes sociales y medios de comunicación, motivada en parte por iniciativas civiles y el respaldo de figuras públicas y legisladores que han exigido justicia y transparencia. Ante la fuerte presión mediática y la aparición de nuevos elementos en la demanda, el fiscal del condado de Tompkins decidió reabrir la investigación el pasado 28 de septiembre con el fin de llevar las evidencias ante un Gran Jurado. Por su parte, las medidas tomadas por la universidad —que incluyeron la suspensión de la fraternidad y procesos disciplinarios internos— han sido señaladas por autoridades locales y la comunidad estudiantil como insuficientes y laxas.
De cara a los próximos pasos, se espera que el fiscal presente formalmente el caso ante el Gran Jurado en un plazo aproximado de 45 días para determinar si se formularán cargos criminales. Paralelamente, la gobernadora del estado de Nueva York solicitó una revisión independiente sobre el manejo del caso por parte de la Universidad de Cornell, al tiempo que representantes locales y la asamblea estudiantil de la institución han programado audiencias públicas para abordar la respuesta institucional frente a este tipo de situaciones dentro del campus.(En Blanco y Negro)
