Juárez junta firmas para una banqueta, propone otra fiscalía y hasta sus monumentos pone a dieta.
- Ochocientas maneras de pedir lo que falta
- La infancia necesita investigadores, el membrete puede esperar
- A los monumentos también les cayó el ajuste
- Cuando la patrulla entra al desacuerdo
- CIA: la soberanía detrás del archivero
- Espino sale, las preguntas se quedan
OCHOCIENTAS MANERAS DE PEDIR LO QUE FALTA
Ochocientos proyectos llegaron al Presupuesto Participativo de Juárez para disputar una bolsa estimada de 468 millones de pesos, una cifra que luce muy bonita en el boletín y bastante menos generosa cuando se divide entre tantas necesidades, porque aquí los vecinos ya aprendieron que hasta para conseguir una banqueta hay que juntar firmas, organizarse y echarle más ganas que quien cobra por construirla.
A mí me parece valioso que la gente decida sobre una parte del dinero público, pero también me brinca que 290 propuestas provengan de instituciones educativas, porque detrás de esa participación hay comunidades escolares buscando resolver carencias y vale preguntar qué corresponde pagar al Municipio, qué al Estado y qué a la Federación, antes de que la coordinación entre gobiernos vuelva a significar que todos señalan al de junto.
Ahora viene la revisión de expedientes y la factibilidad técnica, ese tramo donde una idea puede perderse entre formatos, firmas y dictámenes, por lo que cada rechazo debería explicarse con claridad y cada oportunidad de corregir papeles ofrecerse en las mismas condiciones, porque sería bastante chistoso presumir participación ciudadana y después atenderla con el clásico “vuelva mañana”.
Yo empezaría por poner junto a la convocatoria nueva el inventario de obras ganadoras de años anteriores, con presupuesto, avance y fecha de entrega, para saber si estamos estrenando soluciones o acumulando promesas, porque antes de pedirle otra vez al vecino que salga a votar convendría demostrarle que su voto anterior ya se convirtió en algo más resistente que una fotografía.
LA INFANCIA NECESITA INVESTIGADORES, EL MEMBRETE PUEDE ESPERAR
Las denuncias de presunta violencia sexual en una guardería de Oasis Revolución han puesto sobre la mesa la propuesta de una fiscalía especializada en delitos contra la infancia, una discusión necesaria en un estado donde anunciar nuevas oficinas suele salir bastante más rápido que conseguir personal preparado para atender a quien llega con miedo.
No existe objeción a una institución especializada si viene acompañada de investigadores, peritos, presupuesto, capacitación y métodos adecuados para escuchar a niñas y niños, pero ya conocemos la tentación de resolver los problemas del gobierno mandando hacer otra placa para la puerta, como si el organigrama fuera pomada milagrosa y bastara untárselo al expediente para que apareciera la justicia.
Tratándose de víctimas tan pequeñas, cada actuación exige preparación y cuidado, porque una entrevista mal conducida puede lastimar y una investigación deficiente puede complicar el esclarecimiento de los hechos, de modo que aquí el lucimiento de diputados y fiscales debería ocupar un discreto último lugar, aunque pedir discreción política frente a una cámara a veces parezca pedirle silencio a la tambora.
También hace falta revisar cómo se supervisan las guarderías, quién recibe las alertas y qué seguimiento se da a las denuncias, porque las familias necesitan confiar cuando dejan a sus hijos para salir a trabajar y esa confianza no se reconstruye con una conferencia donde todos prometen llegar hasta las últimas consecuencias, ese destino turístico de la justicia al que casi nadie consigue llegar.
A LOS MONUMENTOS TAMBIÉN LES CAYÓ EL AJUSTE
El presupuesto previsto para atender monumentos juarenses pasó de 7 millones y medio a alrededor de un millón cien mil pesos, con la explicación de que los recursos se reasignaron a obras prioritarias después de la contingencia, y uno entiende que una emergencia obliga a mover dinero, aunque también agradecería que las cuentas llegaran tan completas como llegan las justificaciones.
La pregunta que interesa está antes del recorte, porque si ese dinero seguía sin ejercerse hay que explicar por qué no se había trabajado durante el año, ya que una contingencia puede modificar prioridades, pero difícilmente viaja al pasado para justificar meses de espera, por más habilidades extraordinarias que algunos funcionarios le atribuyan al calendario.
Juárez tiene necesidades urgentes y nadie que haya recorrido sus colonias puede hacerse el sorprendido, pero conservar el patrimonio también forma parte de administrar una ciudad, pues los monumentos, las plazas y los espacios públicos cuentan quiénes somos, aunque a veces parezca que solo nos acordamos de ellos cuando sirven de fondo para colocar un templete.
Que publiquen cuánto se movió, a dónde fue y qué se atenderá con el remanente, además de precisar la cifra definitiva y las intervenciones previstas, porque el ciudadano puede comprender una decisión difícil cuando se la explican con números y resultados; lo que ya cuesta más trabajo es seguir pagando para que le administren el misterio.
CUANDO LA PATRULLA ENTRA AL DESACUERDO
Una decoradora denunció que policías municipales intentaron impedirle retirar materiales de las instalaciones de Seguridad Pública después de un desacuerdo con personal administrativo, y el asunto merece atención porque una diferencia con una proveedora cambia de tamaño cuando aparecen uniformados, aunque la discusión haya empezado entre adornos navideños y comentarios sobre la calidad del trabajo o, quizá, la negativa de pago.
La propia denunciante relató que la administradora posteriormente le explicó que había pedido evitar la salida de bienes de la dependencia, de manera que hay una diferencia de versiones sobre qué se ordenó y cómo se ejecutó, justo el tipo de asunto que debería aclararse con inventarios, condiciones del servicio y una explicación institucional, sin necesidad de organizar una pastorela de deslindes.
Yo quiero saber de quién eran los materiales, qué se había contratado y quién decidió que intervinieran policías, porque la autoridad necesita razones verificables para actuar y la proveedora necesita acreditar lo que reclama, mientras al ciudadano le asiste el derecho de preguntar por qué un desacuerdo administrativo terminó rozando el terreno de la seguridad pública.
Si hubo un malentendido, que expliquen cómo ocurrió y cómo se corrigió, y si hubo una instrucción indebida, que se determine la responsabilidad correspondiente, porque aquí lo preocupante sería acostumbrarnos a que la fuerza pública aparezca como argumento de oficina, como si la patrulla fuera una extensión del escritorio y el uniforme viniera incluido entre los útiles administrativos.
CIA: LA SOBERANÍA DETRÁS DEL ARCHIVERO
El caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua sigue produciendo escozor, preguntas y respuestas que parecen diseñadas para que la siguiente pregunta se vuelva todavía más larga, pues la SRE reservó por cinco años datos sobre reportes y autorizaciones de personal de inteligencia, mientras la solicitud de la contestación formal de Estados Unidos terminó remitida a conferencias presidenciales.
Conviene distinguir ambas cosas porque cada respuesta tiene su propia historia documental, pero juntas dejan una escena bastante incómoda para el discurso oficial, ya que sobre la soberanía se puede hablar durante horas frente a las cámaras y sobre los registros que permitirían revisar cómo se ejerció esa soberanía aparecen de pronto cinco años de discreción que, si fuera malpensado, diría que son de ocultamiento.
Entiendo que la cooperación de inteligencia contiene información delicada y que hay datos cuya difusión puede causar daños, pero precisamente por eso la justificación de una reserva debe explicar exactamente qué protege y por qué, ya que el sello de seguridad nacional tiene demasiado peso para utilizarse como cortina general cada vez que una pregunta incomoda al ocupante de la oficina.
No afirmo que la reserva pruebe un encubrimiento, aunque podría ser; lo que sostengo es que una democracia necesita poder revisar las autorizaciones y responsabilidades de sus autoridades mediante los mecanismos correspondientes, porque si el Gobierno pide confianza mientras cierra el expediente, luego no debería extrañarse de que la conversación pública se llene de sospechas. Donde falta información, siempre encuentra casa el rumor.
ESPINO SALE, LAS PREGUNTAS SE QUEDAN
CLAUDIA ARLETT ESPINO dejó la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua en medio de los señalamientos relacionados con el INE y GUADALUPE TADDEI, y esa salida convierte un escándalo nacional en una pregunta bastante doméstica sobre cómo llegó a la administración estatal, qué funciones desempeñó y qué revisión acompañó su incorporación.
La cercanía política o profesional con alguien cuestionado no demuestra una responsabilidad propia, pero tampoco vuelve impertinente revisar decisiones, contratos y trayectorias administrativas, porque una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra asumir que el currículum de cualquier funcionario debe guardarse en una vitrina donde solo se permite mirar los reconocimientos.
Aquí hacen falta fechas, nombramientos, atribuciones y documentos, además de precisar cuáles señalamientos corresponden a ESPINO y cuáles pertenecen a otras personas, ya que su trayectoria en el ámbito estatal está libre de mancha y porque el escándalo suele funcionar como licuadora y termina mezclando hechos distintos hasta producir una bebida muy escandalosa, pero bastante pobre en pruebas, especialidad que abunda cuando la política descubre que investigar tarda más que insinuar.
La renuncia permite que una persona deje el cargo, pero no resuelve por sí misma las preguntas sobre su desempeño ni sustituye una revisión institucional cuando corresponde, así que el Gobierno estatal haría bien en explicar lo suyo con la misma diligencia con que informa las salidas, porque cambiar al pasajero no aclara quién autorizó el viaje ni quién pagó el boleto.
