H. Cd. Chihuahua.- El Gobierno de México presentó una investigación sobre una presunta red empresarial que habría concentrado contratos millonarios con organismos electorales durante al menos 27 años. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el análisis, encabezado por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, permitió identificar los antecedentes de estas compañías, sus relaciones empresariales y la manera en que ampliaron su participación como proveedoras de instituciones electorales. De acuerdo con la información presentada, las primeras contrataciones se remontan a la década de 1990, cuando algunas de estas empresas comenzaron a trabajar con el entonces Instituto Electoral del Estado de México.
Entre los principales señalamientos se encuentra que compañías relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habrían obtenido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, mediante procedimientos en los que presuntamente se simulaba competencia entre proveedores. La investigación identificó adjudicaciones en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales entre 2014 y 2023, además de contrataciones posteriores. También se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó algunas cuentas bancarias a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de las revisiones sobre los movimientos financieros relacionados con el caso.
Sheinbaum señaló que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la actual administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes en diferentes periodos y gestiones. Asimismo, adelantó que su gobierno prepara medidas para fortalecer y modernizar Talleres Gráficos de México, con el propósito de ampliar la producción de materiales electorales y reducir la concentración de contratos en unos cuantos proveedores. Las autoridades deberán continuar con las auditorías y las investigaciones correspondientes para determinar si existieron irregularidades y deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales.(En Blanco y Negro)
