La ruta de los documentos del concierto por el 52 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) terminó con un giro decisivo: el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) determinó que la universidad no tenía razón legal alguna para ocultar los contratos, convenios y registros financieros del evento, y ordenó entregarlos. Las cinco resoluciones emitidas —derivadas de los recursos RR-0724/2025, 0727/2025, 0728/2025, 0731/2025 y 0732/2025— concluyeron que la reserva impuesta por la UACJ era improcedente, carecía de prueba de daño y se basaba en argumentos genéricos que no cumplían los estándares mínimos de la ley.
Este punto es clave para entender el caso: los documentos no solo deben existir, sino que deben ser públicos, porque la universidad no acreditó que divulgarlos afectara operación alguna. El fallo del órgano garante desmonta cada una de las causales con las que el Comité de Transparencia justificó cinco años de opacidad, tiempo que se había asignado para mantener la información como clasificada.
Las resoluciones del ICHITAIP se dieron en un contexto ya marcado por dudas públicas sobre el manejo del evento. La UACJ anunció un concierto de 26 millones de pesos financiado —según su narrativa institucional— por patrocinadores, aunque no había evidencia documental disponible. Paralelamente, el Cabildo de Juárez aprobó destinar 10 millones de pesos del erario a los festejos universitarios, sin estudios técnicos que justificaran ese gasto frente a necesidades pendientes como transporte estudiantil, plazas docentes o equipamiento de laboratorio.
A ello se sumó que la contratación se realizó mediante OS Live Music, representada por Oswaldo Küchle, sentenciado en 2013 en Estados Unidos por fraude. Ese antecedente nunca fue mencionado en los informes oficiales de la universidad. En este escenario, la petición de transparencia buscaba aclarar con documentos —no con declaraciones públicas— cómo se había organizado y financiado el concierto.
Pero la UACJ clasificó prácticamente todo: contratos, facturas, convenios, comunicaciones internas y documentos operativos. Afirmó que los archivos eran “preliminares”, que estaban “en proceso de validación”, que su difusión podía “malinterpretarse”. Ninguna causal fue sustentada con dictámenes de daño o evidencia de procesos en curso.
El Laboratorio de Periodismo Crítico Universitario, que ya había obtenido documentos dispersos vía transparencia en solicitudes previas, detectó inconsistencias entre lo dicho públicamente y la clasificación de expedientes. Eso permitió presentar los cinco recursos que finalmente fueron resueltos a favor de la publicidad.
En sus determinaciones, el ICHITAIP estableció que:
- No existía ningún proceso activo que justificara la reserva,
- No era posible mantener como “preliminar” información de un evento ya concluido,
- La UACJ no intentó generar versiones públicas,
- Los acuerdos de reserva copiaban causales sin análisis de daño,
- La universidad no acreditó afectación institucional alguna,
- La clasificación había sido indebida en todos los expedientes revisados.
Las resoluciones también revelan cómo se tomaron las decisiones internas: rectoría —encabezada por Daniel Alberto Constandse Cortez— aparece como máxima autoridad; el secretario general figura como presidente del Comité de Festejos; el Abogado General firmó los acuerdos de reserva; el Contralor General los avaló; y la Unidad de Transparencia procesó la respuesta sin dictámenes técnicos. No se trata de acusaciones, sino de hechos documentados en los expedientes.
Ahora, con el fallo del órgano garante, la universidad solo tiene dos rutas: entregar la información mediante versiones públicas o acreditar formalmente la inexistencia de los documentos, justificando por qué no existen registros sobre un evento masivo de financiamiento mixto. Cualquiera de las dos opciones tendrá implicaciones serias para la rendición de cuentas universitaria.
Lo que inició como una solicitud ciudadana terminó exponiendo cómo la UACJ intentó sostener una reserva sin sustento legal. Las decisiones administrativas, las contradicciones internas y el uso incorrecto de las causales de reserva quedaron documentados gracias a la intervención del sistema de transparencia.
La investigación unió documentos dispersos, localizó inconsistencias y convirtió un expediente técnico en un caso público sobre acceso a la información, recursos universitarios y el derecho a saber qué ocurre en una institución financiada con dinero de todos.
“El dosssier (…) explica cómo el ICHITAIP desmontó la reserva del concierto millonario de la UACJ. Todo está sustentado en resoluciones oficiales.
¡Aquí comienza la parte que la Rectoría de la UACJ no controla!“
Mensaje del Laboratorio de Periodismo Crítico Universitario
