La dinámica de combate a la delincuencia organizada ha tomado los caminos que los libros de prensa para el control de daños criticarían. Señalan que abrir varios frentes con aparente discordancia para apagar fuegos resulta contraproducente. Por un lado está la labor del Gobierno, cuestionada por la existencia, a decir de los norteamericanos, de corrupción y colusión de autoridades con malandros en todo el país, que obligó a visualizarlo con la solicitud de extradición de ROCHA MOYA, poniendo en el ojo público la actuación de MÉXICO, donde, a pesar de la operación de las Fuerzas Armadas, los malos siguen enseñoreados en muchas zonas como Pancho por su casa.
LA OPERACIÓN DE FUERZAS OSCURAS
Acusados funcionarios del Gobierno de Sinaloa, con ROCHA MOYA a la cabeza, las reacciones que se han hecho públicas son de evidente protección. Por lo que hace al gobernador, lo sacan del poder, pero le asignan escoltas; no lo citan a declarar, como correspondería, ante la Fiscalía General de la República. Además, está el caso del senador INZUNZA, que forma aún parte de la Comisión Permanente y que hace declaraciones como si nada hubiere pasado. Un mando de la Fiscalía de Sinaloa aún en funciones y, hasta donde sabemos, ninguno de los señalados por el juez de la Corte del Distrito de Nueva York ha sido siquiera invitado a dar su versión ante la autoridad mexicana encargada de la persecución de los delitos federales. Eso sí, por ahora esa autoridad dice que las pruebas que ofrecen los americanos son insuficientes.
INTENCIONES CLARAS
La esfera federal este lunes se volcó a profundizar sobre las acciones de combate a la delincuencia organizada que sucedieron en Chihuahua. ¿Para qué? Para fincar responsabilidades por la intromisión de agentes norteamericanos en operaciones de campo. Este día citaron a 50 integrantes de las autoridades de Chihuahua. La idea que se visualiza es, según ellos, esclarecer los hechos donde fallecieron los agentes mexicanos y los agentes norteamericanos. Lo que es evidente es que aplican ver el problema en los otros; el ejemplo es Chihuahua, en lugar de observar los problemones en sí mismos; el ejemplo es el asunto de ROCHA MOYA. Pero lo más lamentable no es lo mediático solamente; lo que pone en seria evidencia es la forma de hacer cumplir la ley: que desde la esfera del poder se busque exculpar a un individuo indiciado en otro país como Estados Unidos, por medio del distractor de desacreditar y culpar a quien desde Chihuahua combatió el crimen.
FGR SERÁ LA BALANZA
Ambas indagatorias las encabeza la Fiscalía General de la República. Será la encargada de dilucidar si las autoridades de Chihuahua, concretamente quiénes y de qué forma intervinieron en las dos carpetas de investigación abiertas, tanto en el decomiso del laboratorio como en el fallecimiento de los agentes americanos y mexicanos. Subyace si se actuó fuera de facultades para actuar coordinándose con extranjeros. Por otro extremo, la tarea de la Fiscalía General de la República será si procede a girar orden de detención con fines de extradición de RUBÉN ROCHA MOYA. Es parte de sus funciones y es tan importante que realice su trabajo con base en los tratados que al efecto están firmados con Estados Unidos, que cualquier error pone en riesgo las relaciones bilaterales en materia jurídica, así que veremos. Finalmente, ¿qué no se supone que las explicaciones de la Fiscalía General de la República son autónomas y desprovistas de política? Porque en la mañanera la explicación politiquera se la aventó la nueva consejera jurídica, LUISA ALCALDE.
